En una decisión que pone en evidencia las redes de corrupción alrededor de los proyectos de vivienda gratuita, la jueza penal de conocimiento de Bogotá condenó a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Rodríguez Mariano, quien integró el Comité Evaluador de Propuestas de la entidad, fue hallado responsable de manipular la adjudicación de un contrato de interventoría para la construcción de 4.678 viviendas gratuitas en nueve departamentos del país.
La Fiscalía General de la Nación estableció que el exfuncionario favoreció de manera ilegal a un consorcio que participó en la convocatoria privada abierta por Fonade en 2017 para seleccionar la firma encargada de la auditoría y supervisión del proyecto. El contrato, cuyo valor ascendió a 16.612 millones de pesos, fue firmado el 8 de mayo de 2017, luego de que la propuesta del consorcio fuera rechazada en dos ocasiones: el 6 y el 18 de abril de ese mismo año. Según el ente acusador, Rodríguez Mariano comunicó a los representantes del consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos.
La convocatoria, que inicialmente invitó a tres empresas, buscaba contratar la interventoría de un ambicioso programa de vivienda gratuita. El consorcio favorecido había sido referenciado previamente por dirigentes políticos, y la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción reveló que Rodríguez Mariano no solo filtró información clave a los proponentes, sino que también influyó en los demás evaluadores para ampliar los plazos de entrega de documentación y agilizar un concepto favorable. Al día siguiente de una reunión con directivos del proponente, el comité evaluador recomendó aceptar la oferta del consorcio.
Una condena que se suma a un escándalo mayor
La sentencia contra Rodríguez Mariano se enmarca en un proceso más amplio que ha dejado al menos trece personas condenadas, entre ellas dos exsenadores, además de particulares y servidores públicos. La Fiscalía destacó la gravedad de las conductas, que afectaron la transparencia en la ejecución de recursos destinados a la construcción de viviendas para la población más vulnerable.
«Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos»
Fiscalía General de la Nación
«También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017»
Ente investigador
El contrato de interventoría tenía como plazo máximo el 30 de noviembre de 2018 o hasta que se agotaran los recursos destinados al proyecto. La condena impuesta a Rodríguez Mariano, que deberá cumplirse en prisión, se convierte en un nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción en la contratación estatal y envía un mensaje sobre las consecuencias de manipular los procesos de selección en detrimento del interés público.
