Una mujer joven, cuya identidad no ha sido revelada, exintegrante del Clan del Golfo en Antioquia, relató en una entrevista concedida a Noticias RCN que fue reclutada a los 8 años y que permaneció en la organización durante 11 años, periodo en el que estuvo sometida a abusos, extorsiones y torturas; dejó al nacer su hijo. La entrevista fue realizada recientemente, aunque la fecha exacta no fue difundida. Este testimonio, que llega a La Veintitrés Manizales a través de Noticias RCN, se inscribe en la conversación nacional sobre el reclutamiento forzado de menores y aporta una mirada desgarradora sobre las condiciones que enfrentan las víctimas en Antioquia y en el país.
El relato, registrado en Antioquia, ofrece una mirada personal sobre cómo se instrumentaliza a la infancia para realizar labores ilícitas, desde extorsión hasta secuestro de menores y adolescentes que no tenían culpa de nada. La entrevistada señaló que al ingresar al grupo se le prometió dinero, vivienda y protección para su familia; describió que sus tareas incluían cobrar vacunas a la gente y quitarles el dinero destinado a la alimentación, además de secuestrar a niños y adolescentes. Explicó que decidió salir de la organización tras el nacimiento de su bebé, consciente de que, dentro de ese entorno, la violencia podía extenderse a su propia familia.
Cifras y contexto nacional sobre el reclutamiento de menores
La Defensoría del Pueblo presenta en su informe de 2025 una visión clara de que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica extendida entre actores armados ilegales en regiones con presencia institucional débil y economías ilícitas. En el último año se registraron más de 600 casos, y entre enero y agosto de 2025 se documentaron 88 casos. Las víctimas son mayoritariamente hombres jóvenes en 61,6% de los casos y mujeres en 38,4%; 46,5% de los menores reclutados pertenecen a pueblos indígenas; 34,3% no tenían adscripción étnica definida y 12,9% carecía de información clara; 6,3% eran afrocolombianos. A nivel departamental, Cauca concentra 374 casos; Norte de Santander 44; Valle del Cauca 24; Huila 23; Putumayo 21; Chocó 11; Antioquia 29, de los cuales 8 denuncias se registraron en 2025. Entre los responsables, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc acumula más de 250 casos en 12 meses; ELN figura con 28 casos en el periodo anterior y 11 en el actual; Clan del Golfo con 21; Segunda Marquetalia con 18; y otras bandas con 6 o más.
«Ingresé a los 8 años al grupo armado. Me pusieron a hacer muchas cosas feas (…) Me dijeron que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, vivienda, protección a mi familia»
«Por ejemplo, cobrarle vacunas a la gente. Quitarles el dinero que se ganaban para la alimentación suya y de su familia. Teníamos que secuestrar niños, niñas, mucho adolescente que no tenía culpa de nada»
«Tengo un pequeño bebé que no tiene la culpa de que le fuera pasado algo, porque allá lo matan a usted, le matan a su hijo, que no tiene nada que ver»
Este conjunto de datos y testimonios subraya la complejidad del fenómeno: la violencia contra la infancia no es un hecho aislado de una región, sino una dinámica estructural que se entrelaza con la economía criminal, la fragmentación institucional y las particularidades étnicas de comunidades enteras. En ese marco, la Defensoría del Pueblo destaca la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de la niñez, ampliar las capacidades de respuesta institucional y mejorar los mecanismos de registro y monitoreo para identificar y acompañar a las víctimas desde el primer momento de su exposición a estas redes.
