Un grupo de exmagistrados de las altas cortes colombianas y destacados juristas encendió las alarmas al cuestionar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta electoral, por considerar que su ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización es incompatible con los deberes del jefe de Estado colombiano. En un comunicado público, los firmantes, entre los que se cuentan exintegrantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, advirtieron sobre las consecuencias éticas, jurídicas y políticas que podría acarrear que el candidato del movimiento Firmes por la Patria acceda a la Presidencia manteniendo esa doble nacionalidad. La respuesta del equipo jurídico de De la Espriella no se hizo esperar: su abogado y representante legal, Germán Calderón España, negó de manera categótica la validez del concepto, calificándolo de falso y aseguró que sus autores «entraron en el círculo de las mentiras del presidente Petro».
El debate, que ha sacudido el panorama político posterior a la primera vuelta, se centra en una distinción clave que los juristas hicieron en su análisis. Mientras la ciudadanía italiana que posee De la Espriella, obtenida por descendencia, es considerada plenamente compatible con la presidencia, la nacionalidad estadounidense, adquirida mediante un proceso de naturalización, implica un juramento de lealtad a Estados Unidos que, según los exmagistrados, podría generar un conflicto directo con las obligaciones constitucionales del presidente de Colombia. El abogado Calderón España, utilizando su cuenta en la red social X, desestimó los argumentos al afirmar que los requisitos generales para ser presidente son claros: ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. «La única inhabilidad para ser presidente de la República relacionada con este tema es para quienes ‘tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.’ @ABDELAESPRIELLA es colombiano por nacimiento, pues nació en la Clínica Marly de la Calle 49 en Bogotá, por eso lo cobija dicha excepción a la regla», sostuvo el representante legal.
Un debate que trasciende lo legal
La polémica ha alcanzado a otras voces del ámbito jurídico. El profesor de la Universidad Externado, Ramiro Bejarano, se refirió a la controversia señalando que, si bien los exmagistrados y juristas que firmaron el comunicado «influyen en las decisiones del Presidente», sus opiniones no definen el marco legal que respalda la candidatura. Sin embargo, la discusión de fondo persiste y plantea un escenario inédito para la democracia colombiana. El grupo de juristas, en su pronunciamiento, no solo advirtió sobre la incompatibilidad de los compromisos adquiridos con el juramento de naturalización estadounidense frente a las obligaciones del jefe de Estado, sino que también instó a una reflexión profunda sobre el significado de la soberanía y la lealtad nacional.
En medio de este cruce de conceptos, la campaña de De la Espriella ha anunciado una ofensiva judicial. El abogado Calderón España informó que presentarán una tutela para impugnar un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que prohibió el uso de símbolos patrios y el lema “Firme por la patria”. Hasta el momento, no se ha confirmado si el candidato tiene la intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense para despejar las dudas jurídicas, lo que convierte este caso en un punto de inflexión para la interpretación de los requisitos de elegibilidad presidencial en Colombia. La nación espera ahora la definición de las autoridades electorales y constitucionales sobre un asunto que toca las fibras más sensibles de la identidad nacional.
