La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció este jueves que el Gobierno del presidente Gustavo Petro interfirió de manera ilegal en procesos de extradición de jefes criminales, al suspender órdenes sin base legal y permitir que la Oficina del Comisionado de Paz se entrometiera en trámites que no eran de su competencia, lo que motivó su renuncia el pasado 15 de mayo de 2025, hecha efectiva al día siguiente. Buitrago, quien estuvo al frente del Ministerio de Justicia hasta el 16 de mayo, afirmó que durante su gestión se vio presionada para frenar extradiciones y avalar beneficios para grupos criminales que continuaban delinquiendo sin actos de sometimiento, lo que generó una tensión insostenible con la conducción de la política de paz total.
En una contundente declaración, la exministra detalló que la intromisión de la Oficina del Comisionado de Paz, entonces liderada por Otty Patiño, se materializó en el procedimiento de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, uno de los cinco cabecillas criminales mencionados en su denuncia. Buitrago firmó la resolución de extradición de alias HH mientras el presidente Petro se encontraba en China, pero tras su salida del ministerio, la decisión fue modificada para suspender la extradición mientras el jefe criminal estuviera en mesas de paz. La exministra calificó esa intervención como una aberración legal, subrayando que un comisionado de paz no tiene facultad ni competencia para intervenir en un proceso de extradición.
Las denuncias de Buitrago
La exfuncionaria presentó los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, dejando constancia de lo que considera una violación del marco legal establecido por la Ley 2272 de paz total. Según Buitrago, esa normativa no permite suspender órdenes internacionales ni extradiciones sin actos verificables de sometimiento. “Siempre cuando yo fui ministra de Justicia manifesté que no podía sentarse a la mesa sin que hicieran actos de sometimiento, ni entregaran armas, ni se desmantelaran. No podían seguir delinquiendo”, afirmó la exministra, quien también cuestionó que la paz total fuera utilizada para cosas que tampoco tenían como marco la paz total.
Buitrago mencionó además que el Ministerio de Justicia no tenía competencia sobre el proceso de paz y que, pese a ello, dejó constancias formales de las irregularidades. Entre los episodios más graves, detalló la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, realizada en febrero de 2025 por el CTI en un hotel de Bogotá en cumplimiento de una circular roja de Interpol y una orden de extradición emitida por el presidente Abelardo de la Espriella. La exministra reveló que el entonces comisionado Otty Patiño intentó evitar esa captura, pero ella defendió la legalidad del procedimiento: “No había ningún entrampamiento, había un cumplimiento de una orden y de una circular roja de Interpol”.
“Hubo intromisión de la Oficina del Comisionado de Paz”
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia
Los cinco jefes criminales y el manejo de las extradiciones
La orden de extradición emitida por el presidente De la Espriella involucraba a cinco cabecillas: Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; Geovany Andrés Rojas, alias Araña —estos tres capturados—, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, junto con Gabriel Yepes Mejía, alias HH, ambos prófugos. La exministra denunció que, además de la intromisión en el caso de alias HH, hubo maniobras para cambiar al director de la Dirección Nacional de Drogas por alguien que no cumplía los requisitos, así como intentos de sacar al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). También calificó como una aberración que una persona capturada por la Fiscalía, como alias Mocho Olmedo, quedara bajo la competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, un organismo que, según Buitrago, no tiene facultades para ello.
La renuncia de Buitrago, presentada el 15 de mayo de 2025 y efectiva al día siguiente, se produjo en medio de un creciente distanciamiento con la conducción de la paz total, que ella considera desvirtuada. “La paz total fue utilizada para cosas que tampoco tenían como marco la paz total”, sentenció la exministra, quien ahora espera que los organismos de control investiguen las denuncias que dejó formalmente radicadas. Mientras tanto, el caso de alias HH y los demás cabecillas sigue en manos de la justicia, en medio de la controversia sobre los límites de la política de paz del gobierno Petro.
