Una protesta frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, ocurrida el 6 de septiembre de 2025, desató una fuerte controversia en redes sociales después de que la fachada de la entidad apareciera con grafitis. La exministra de Ambiente Susana Muhamad, quien participó en la movilización convocada por colectivos feministas, fue comparada por numerosos usuarios con la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, condenada en 2019 por destruir una estación de TransMilenio durante protestas. Sectores de la opinión pública exigen que la justicia investigue a la exfuncionaria por su presunta incitación a los daños, mientras ella asegura que su presencia fue un acompañamiento legítimo a una protesta pacífica.
La marcha, denominada «Las niñas resisten», se realizó en rechazo a la decisión de la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, de eliminar el uso explícito de la palabra «niñas» en el lenguaje institucional de la entidad. Muhamad asistió portando prendas con simbología feminista y confirmó su presencia en el lugar, aunque aclaró que no organizó los actos y que la convocatoria fue autónoma de los colectivos feministas. Sin embargo, tras la movilización, paredes, puertas y fachada del instituto amanecieron pintadas, lo que llevó a que la exministra se convirtiera en tendencia nacional.
El precedente de Epa Colombia y las exigencias de justicia
La comparación con la influencer, quien fue enviada a prisión por los delitos de daño en bien ajeno e instigación a delinquir tras los destrozos en el sistema de transporte masivo de Bogotá en 2019, no se hizo esperar. Una usuaria en la red social X señaló con dureza que «Epa Colombia está presa por destruir un bien público. Pero existen registros de que Susana Muhamad promovió y convocó la movilización que terminó con daños en la sede del ICBF, la pregunta es directa: ¿la justicia también tocará a quien promovió estos hechos? La ley no puede tener doble rasero. La queremos presa». Estas voces cuestionan que, si bien la justicia actuó contra la influencer por daños a un bien público, la exministra del gobierno de Gustavo Petro quedaría eximida de responsabilidad.
La defensa de Muhamad: derecho a la protesta y a la libre expresión
Ante las críticas, Susana Muhamad respondió en sus redes sociales argumentando que su participación en la jornada fue un acompañamiento a niños, niñas y jóvenes. «Yo sí estuve ayer acompañando a las niñas, a los niños y a la juventud en la protesta pacífica. Los niños y niñas en el país tienen derecho constitucional a la protesta. Segundo, cuando dicen que yo estuve detrás, le quitan el poder a la convocatoria que los colectivos y colectivas hicieron autónomamente en su libertad de derechos constitucionales», afirmó la exministra, quien además cuestionó la decisión de la directora del ICBF. «Aquí lo importante es por qué niños y niñas salen a protestar frente al instituto que tiene el deber legal de protegerlos. Porque la directora ha decidido quitar la palabra niña», agregó.
«Y como nos lo contaron ayer, para ellas esto es una violación de sus derechos, porque las violencias que se ejercen contra las niñas son diferenciadas, porque las niñas son un sujeto social de obligatoria protección del Icbf y las están tratando de borrar. Y no hubo vandalismo»
Susana Muhamad, exministra de Ambiente
En su defensa, la exfuncionaria aseguró que los grafitis no constituyen vandalismo sino una forma de expresión protegida constitucionalmente. «Mientras la violencia de la directora, que debe proteger la niñez con el uso del lenguaje, se ejerce sobre ellas, las niñas salen a indignarse y responden en su libertad de expresión pintando unos grafitis en la sede. Eso no es vandalismo, eso es el derecho constitucional a la protesta pacífica y al discurso que tienen como ciudadanos y ciudadanas de este país», sentenció, insistiendo en que el debate real debería centrarse en la protección de las niñas y no en politizar los hechos.
El episodio deja en evidencia las profundas divisiones que genera la gestión de la directora del ICBF y plantea un interrogante sobre los límites de la protesta social y la responsabilidad de quienes participan en ella. Mientras algunos sectores piden que se aplique el mismo estándar judicial que con Epa Colombia, otros respaldan la postura de Muhamad y consideran que la movilización fue legítima. Lo cierto es que la comparación ha encendido el debate público sobre si existe un doble rasero en la aplicación de la justicia y cómo se interpreta el daño a la infraestructura pública en el contexto de manifestaciones sociales.
