El exministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, quien lideró la cartera durante el primer semestre de 2026, lanzó una dura crítica contra la política de Paz Total impulsada por el expresidente Gustavo Petro. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Cuervo señaló que el fracaso del proceso se debió principalmente a la ausencia de un marco jurídico sólido que permitiera reducir la incertidumbre en las negociaciones con los grupos armados. Estas declaraciones se producen horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara la extradición de cinco líderes de grupos armados, marcando el fin formal de dicha política.
La noche del miércoles 26 de agosto de 2026, el gobierno de De la Espriella firmó las resoluciones de extradición de cinco ciudadanos solicitados por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. El mandatario justificó la medida argumentando que, pese a los diálogos sostenidos durante la administración Petro, no se encontraron pruebas de aportes genuinos a la paz ni resultados tangibles que justificaran la continuidad del proceso. «Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana», afirmó De la Espriella en un contundente mensaje, agregando que «de falsa paz no son refugios judiciales».
Entre los extraditables se encuentran Wilington Henao Gutiérrez, conocido como alias El Mocho Olmedo o El Negro; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes participaban activamente en mesas de diálogo con el gobierno anterior. La decisión de extraditarlos causó un fuerte revuelo político, ya que dos de ellos se encontraban en libertad gracias a la suspensión de órdenes de captura derivada de su participación en los diálogos. Los otros dos ciudadanos señalados, Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, permanecen prófugos y se ordenó su captura inmediata.
«Con un marco jurídico para la Paz Total, la incertidumbre con los distintos procesos de negociación hubiera sido menor, y una transición hacia un modelo de sometimiento a la justicia hubiera sido posible. Fue mi reclamo durante el gobierno, eso era todo».
Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago también se pronunció al respecto en declaraciones a Blu Radio, respaldando la postura crítica. Buitrago señaló que desde el inicio de la política se careció de actos concretos como el desarme efectivo, la entrega de armas y el cese de actividades ilícitas antes de otorgar beneficios a los grupos armados, lo que, según ella, contravenía lo establecido en la Ley 2272 de 2022. La decisión de De la Espriella, basada en la revisión de expedientes con la oficina del consejero comisionado de paz, desmontó tres de los procesos de negociación activos, dejando en evidencia las fallas estructurales de una política que, para sus críticos, nunca logró materializar la paz prometida.
