José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante la administración de Iván Duque desde mayo de 2021 hasta el 7 de agosto de 2022 y actual rector de la Universidad EIA, anunció su intención de demandar ante el Consejo de Estado el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro que establece el salario mínimo para 2026 en 1.746.882 pesos más un subsidio de transporte que lo eleva hasta los 2.000.000 pesos. Esta propuesta surge en respuesta al reciente anuncio del gobierno, realizado a través de una publicación en su cuenta de X (@jrestrp), donde Restrepo evoca un antecedente judicial de 2016 para cuestionar la medida.
El exfuncionario argumenta que esta decisión afecta directamente al 90% de los colombianos y carece de sensatez y justificación técnica adecuada, representando un aumento superior al 23% en el salario mínimo. El anuncio se produce en un contexto de tensiones, pese a las negociaciones previas entre el gobierno y los gremios, y resucita el debate sobre la forma en que se fijan estos incrementos salariales en Colombia.
El precedente del Consejo de Estado que inspira la demanda
Restrepo basa su llamado en el fallo del Consejo de Estado de marzo de 2017, que anuló el Decreto 2552 de 2015 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos. Aquel decreto había fijado un aumento del 7% en el salario mínimo, llevándolo a 689.455 pesos, en un año en que la inflación fue del 6,77%. La alta corte determinó que el Ejecutivo no había justificado suficientemente el porcentaje específico de aumento, a pesar de la demanda presentada por centrales obreras y entidades sindicales. Aunque el fallo no afectó los pagos ya vigentes, obligó al gobierno a publicar un documento técnico detallado para respaldar futuras decisiones similares.
“A demandarlo en beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez“
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
Esta nueva controversia pone en jaque la política laboral del gobierno Petro, recordando que el precedente judicial exige rigor técnico en la fijación del salario mínimo. Las reacciones no se han hecho esperar, y el posible litigio podría retrasar la implementación del decreto o forzar al Ejecutivo a fortalecer sus argumentos económicos, en un momento clave para la economía colombiana.
