Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y aspirante al Senado por el partido Salvación Nacional, explicó los efectos jurídicos de las demandas interpuestas contra los Decretos 1469 y 1470 de 2025, firmados por el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre pasado, que establecen el salario mínimo para 2026 en 1.746.882 pesos más un subsidio de transporte que totaliza los 2.000.000 pesos. Según Ruiz, la posible anulación de estos decretos por parte del Consejo de Estado no implicaría un castigo para los trabajadores, ya que los efectos de una nulidad se proyectarían hacia el futuro. La primera demanda ya fue radicada por el politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, ante el alto tribunal que regresa de su vacancia a mediados de enero.
Las demandas se sustentan en vicios de nulidad como la vulneración del principio de proporcionalidad, dado que el aumento salarial del 23,7% excede ampliamente la inflación; la falta de publicidad, al no publicarse previamente para recibir comentarios de la sociedad; el exceso en la potestad reglamentaria del Ejecutivo; la invasión de competencias del Congreso y la transgresión de principios constitucionales. Ruiz Orejuela detalló que estos defectos son estructurales y afectan la totalidad del decreto, no siendo errores aislados que puedan subsanarse.
Escenarios jurídicos y antecedentes
En su análisis, el exministro recordó el antecedente del Decreto 2552 de 2015, emitido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fijó un aumento del 7% al salario mínimo de 689.455 pesos —por encima de la inflación del 6,77%—, y que fue anulado por el Consejo de Estado el 17 de marzo de 2017, un año y tres meses después de su aplicación, con efectos solo hacia adelante, sin afectar los salarios ya pagados. Este precedente ilustra que las demandas pueden radicarse en cualquier momento ante el Consejo de Estado, y que posibles medidas cautelares podrían suspender los efectos de los nuevos decretos, obligando al pago del salario actual, mientras que sin ellas se aplicaría el total de 2.000.000 pesos. Además, mientras el decreto permanezca vigente, los incrementos en servicios indexados al salario mínimo podrían generar inflación.
“La anulación no castiga al trabajador”
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
“El decreto vulnera el principio de proporcionalidad al incrementar el salario muy por encima de la inflación, somete a los empresarios a una presión financiera insostenible. Al tiempo que vulneró el principio de publicidad al no publicarse previamente para comentarios de la sociedad.”
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
Frente a la pregunta sobre si algún artículo podría salvarse, Ruiz fue enfático al afirmar que ninguno lo haría, pues el vicio compromete la validez desde su origen. La anulación forzaría un diálogo social o la intervención del Congreso para fijar el salario, evitando retroactivos que obliguen a devolver lo ya pagado. Esta controversia surge precisamente ahora por la firma presidencial de los decretos y la demanda inicial de Fiesco, en un contexto donde el Consejo de Estado definirá el rumbo salarial para el próximo año en Colombia.
“En el pasado (marzo de 2017), el Consejo de Estado anuló un decreto de (Juan Manuel) Santos (El incremento del salario mínimo de 2016). Sus efectos fueron hacia el futuro, es decir, que en la práctica no afectó los salarios recibidos de las personas.”
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
Fuentes: Infobae Colombia, Colprensa, iStock.
