El exministro de Trabajo Antonio Sanguino encendió el debate político al denunciar en su cuenta de X que la actual ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, aparece clasificada como “vulnerable” en el Registro Universal de Ingresos (RUI), pese a que en su declaración de renta reportó ingresos por 391 millones de pesos para el año gravable 2025 y un patrimonio cercano a los 1.600 millones de pesos. El señalamiento, que rápidamente cobró relevancia en el escenario público, incluye una solicitud directa a la funcionaria para que aclare un eventual conflicto de interés, teniendo en cuenta que ese mismo registro será el mecanismo utilizado para focalizar a los beneficiarios del Pilar Solidario de la reforma pensional.
Según los documentos divulgados por Sanguino, la ministra declaró salarios y otros ingresos laborales por 69.075.219 pesos, honorarios por 80 millones de pesos y otros ingresos y rentas por 242.022.704 pesos, lo que arroja un total de 391.097.923 pesos. La información, que también incluye un saldo en cuenta de ahorros de 4.392.135 pesos al cierre de 2025, contrasta de manera evidente con la consulta del RUI realizada el 27 de agosto de 2026, en la que López Fuentes aparece en la categoría C15, correspondiente a “vulnerabilidad”. El exfuncionario calculó que la ministra percibe casi 33 millones de pesos mensuales, una cifra que, en sus palabras, hace aún más llamativa su clasificación dentro de un sistema diseñado para identificar a la población en situación de pobreza o riesgo.
La denuncia en el centro del debate por el Pilar Solidario
El Registro Universal de Ingresos es la herramienta que, de acuerdo con la reforma pensional, se usará para entregar la renta básica del Pilar Solidario a las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Para Sanguino, quien antecedió a López Fuentes en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Gustavo Petro, resulta inaceptable que la encargada de garantizar el trabajo decente a los colombianos figure como vulnerable mientras recibe ingresos mensuales millonarios. En su publicación, el exministro fue enfático al preguntar si la jefe de la cartera laboral también solicitará su renta básica, y le exigió que primero deje claro su conflicto de interés antes de ocuparse de la implementación del programa social.
“Dra. Natalia Eugenia López Fuentes, su clasificación C15 como ‘vulnerable’ en el RUI llama especialmente la atención porque este será el sistema utilizado para focalizar a los beneficiarios del Pilar Solidario de la reforma pensional. Si cumple los requisitos, ¿también solicitará su renta básica? Al menos esperamos que primero deje claro su conflicto de interés”.
Antonio Sanguino, exministro de Trabajo
El patrimonio declarado por la ministra, según los documentos compartidos, incluye tres bienes ubicados en Montería, Córdoba: un bien mueble avaluado en 350 millones de pesos, un inmueble de 300 millones de pesos y otro de 950 millones de pesos, que suman exactamente 1.600 millones de pesos en bienes. El exministro aprovechó la coyuntura para arremeter contra el proyecto político que lidera Abelardo de la Espriella, conocido como la “Patria Milagro”, y señaló con ironía que los milagros no son para la clase trabajadora sino para los “nuncas” como la ministra de Trabajo. En su mensaje también recordó que el actual Gobierno prometió actualizar el Sisbén para que nadie quedara por fuera, y cuestionó que los milagros parezcan selectivos cuando quien sí quedó adentro, y clasificada como vulnerable, fue la propia funcionaria.
“La misma ministra encargada de garantizar ‘trabajo decente’ a los colombianos aparece clasificada como ‘vulnerable’ mientras recibe casi $33 millones mensuales”.
Antonio Sanguino, exministro de Trabajo
Hasta el cierre de esta edición, la ministra Natalia Eugenia López Fuentes no se ha pronunciado sobre los señalamientos ni sobre la veracidad de los documentos divulgados, que incluyen tanto su declaración de ingresos y patrimonio como la consulta del RUI. La denuncia se da en un momento clave para la implementación de la reforma pensional, en medio del debate por la actualización del Sisbén y la definición de los criterios de focalización del Pilar Solidario. El caso, que mezcla cifras millonarias con una clasificación oficial de vulnerabilidad, deja en evidencia las tensiones que rodean la puesta en marcha de una de las banderas sociales del Gobierno y plantea interrogantes sobre la transparencia de los registros que definirán quiénes recibirán los beneficios del sistema pensional en Colombia.
