Más de 30 exministros, académicos y personalidades del centro político colombiano presentaron este jueves un manifiesto de 15 puntos que establece los principios que debería defender el próximo presidente de Colombia, sin respaldar a ninguno de los dos candidatos que compiten en la segunda vuelta del 21 de junio. La iniciativa, firmada por figuras como Moisés Wasserman, Eduardo Pizarro, Eduardo Lora, José Antonio Ocampo, Luis Carlos Villegas, Arturo Sarabia, Pilar Gaitán, María del Rosario Aguilar, Martha Ardila, Andelfo García, José Luis Ramírez, Paula Ruiz, Litza Mayorga, Raúl Barake, Mónica Fonseca, Juan Camilo Restrepo, Jorge Iván González, Cecilia López, María Teresa Garcés, Andrés Caro, Mauricio García Villegas, Gonzalo Pérez, Rafael Aubad, Pedro Medellín, Guillermo Trujillo, Jorge H. Botero, Santiago Pombo, Francisco Escobar, Viviana Barberena y Paula Ruiz, busca reducir la polarización política y enfrentar la creciente violencia que afecta al país.
El documento, titulado «Manifiesto por un gran acuerdo nacional», surge en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y propone replicar la experiencia uruguaya de acuerdo nacional como modelo para superar la confrontación. «Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país», señala el manifiesto firmado por los líderes del centro.
Los puntos del manifiesto
El manifiesto abarca temas clave como seguridad, política antidrogas, educación, finanzas públicas, política exterior y fortalecimiento institucional. En materia de seguridad, propone recuperar el control del territorio, fortalecer la fuerza pública y reformular la política de ‘paz total’, considerando la realidad de los campesinos que viven del cultivo de coca. «Tenemos alrededor de un millón de campesinos que viven del cultivo de coca. Su suerte no puede sernos indiferente», advierte el documento, que rechaza las ejecuciones sumarias y exige que todos los criminales sean capturados y puestos a disposición de la justicia.
En el ámbito económico, los firmantes piden austeridad fiscal y corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas, pero condicionan estas medidas al crecimiento económico. «La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso», indica el manifiesto. Asimismo, defienden la autonomía del Banco de la República: «Uno de los avances institucionales más importantes de la Carta de 1991 fue haber asignado la regulación monetaria a una entidad autónoma: el Banco de la República. Su primordial obligación consiste en velar por la estabilidad de los precios o, lo que es lo mismo, controlar la inflación».
«La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso»
Manifiesto por un gran acuerdo nacional
En lo social, el documento promueve una «revolución educativa» con un sistema mixto que integre lo público y lo privado, mientras que en política exterior reclama relaciones basadas en el interés nacional y no en alineamientos ideológicos, así como el regreso a una diplomacia profesional. Los firmantes también abogan por el respeto a las autoridades electorales, la defensa de la Constitución de 1991 —con posibilidad de reformas ordinarias—, el replanteo de la política de orden público, la lucha contra la corrupción, la equidad en la distribución de ingresos y la plena vigencia de los derechos humanos.
El manifiesto cierra con un llamado al fortalecimiento de la moral pública, el restablecimiento del valor de la verdad en el debate político, el respeto por los adversarios y la profesionalización del aparato estatal. Ninguno de los firmantes manifestó inclinación por alguno de los dos candidatos a la presidencia, lo que subraya el carácter propositivo y no partidista de la iniciativa, que busca tender puentes en un escenario electoral marcado por la polarización y la violencia.
