El exnarcotraficante extraditado Juan Fernando Álvarez Meyendorff ha denunciado una presunta red de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, que habría permitido a testaferros como Juan Carlos Chalela Botero conservar y negociar bienes incautados del Clan Álvarez Meyendorff en procesos de extinción de dominio. Estas acusaciones, presentadas inicialmente en 2017 desde una prisión en Nueva York, han derivado en investigaciones abiertas tanto en Colombia, a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, como en Estados Unidos por el Departamento de Estado, con material probatorio que incluye un informe de un exagente de la DEA.
Los hechos se remontan a operativos iniciados en 2013 contra el Clan Álvarez Meyendorff, que operó en el narcotráfico colombiano durante los años 90 y dejó un macrocaso valorado en 1,2 billones de pesos con 205 bienes inmuebles. Según las denuncias, fiscales de la Fiscalía habrían retrasado deliberadamente los procesos de extinción de dominio durante 13 años, con 11 de estancamiento, permitiendo que Chalela Botero, testigo principal de la Fiscalía, retuviera propiedades pese a sus confesiones y acuerdos de entrega en Estados Unidos. Un ejemplo clave es el lote La Selva en Villavicencio, de 18,5 hectáreas, vendido irregularmente por 392 millones de pesos, cuyos fondos habrían sido invertidos en territorio estadounidense.
Procesos en limbo y reacciones oficiales
La Corte Suprema de Justicia ordenó un plazo máximo de 12 meses para resolver estos casos, pero bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) permanecen en deterioro, custodia de depositarios o litigio, generando un limbo jurídico que afecta a decenas de personas. La familia Álvarez Meyendorff acumula condenas: el hermano José Ignacio por conspiración en Estados Unidos, y dos sobrinos por lavado en Argentina, mientras la Fiscalía ha ratificado la extinción de 20 inmuebles y seis negocios en Colombia. El fiscal responsable ofreció disculpas públicas y negó cualquier irregularidad, en medio de declaraciones juramentadas de Álvarez Meyendorff en agosto de 2025 que reactivaron las indagaciones entre 2023 y 2024 en Bogotá y Villavicencio.
“Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesó en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”.
Juan Fernando Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante
“están lavando dinero”.
Juan Fernando Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante, refiriéndose a fiscales
Estas revelaciones reabren el debate sobre la transparencia en la administración de activos incautados, cuestionando supuestas complicidades para lavado de activos y evasión de extinción de dominio, en un contexto donde ventas irregulares y testimonios posiblemente financiados con esos fondos han sido señalados como evidencia de manejos ilícitos.
