José Germán Sena Pico, conocido como alias Nico y excomandante político del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia, reveló en una entrevista con Blu Radio que los mineros del predio La Mandinga, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño cerca de una unidad militar, pagan un porcentaje del 12 por ciento del valor del oro extraído al Clan del Golfo, una práctica que persiste desde hace años, con los terrenos entregados en 2009 para la reparación de víctimas del conflicto armado y alertas sobre la situación desde 2011.
Según Sena Pico, esta extorsión afecta tanto la minería legal como la ilegal en la región, donde el predio de aproximadamente 1.200 hectáreas cuenta con solo dos títulos mineros legales en explotación que cubren 300 hectáreas, mientras que entre 2.000 y 2.500 mineros informales operan con más de 20 equipos de extracción, además de un impuesto adicional por el uso de maquinaria pesada; por ejemplo, si se extraen 1.000 millones de pesos en oro, el Clan del Golfo recibe 120 millones de pesos directamente de esa producción.
Origen de los terrenos y control armado
Los terrenos de La Mandinga forman parte de cerca de 22.000 hectáreas que Sena Pico cedió en 2009 directamente a las víctimas del conflicto en el Bajo Cauca, una zona con un gran número de afectados, aunque esta medida no generó el eco esperado para una reparación efectiva y en su lugar ha permitido una mayor explotación aurífera bajo el control del Clan del Golfo desde al menos ocho años atrás, según una investigación de The New York Times que detalla la operación bajo su protección, aunque el grupo niega ser titular de la mina pero reconoce la imposición de un impuesto.
“Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas”.
José Germán Sena Pico, exparamilitar
“O sea, si sacan 1.000 millones de pesos en oro, tienen que pagarle 120 millones de pesos al Clan del Golfo”.
José Germán Sena Pico, exparamilitar
Esta nueva versión del exparamilitar contradice la negación de vinculación directa por parte del Clan del Golfo, que en un comunicado oficial en su cuenta de X (@soygaitanista) justificó el “impuesto” sobre las operaciones mineras ilegales como un medio para “garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”, mientras que las autoridades colombianas han realizado más de 20 intervenciones desde 2022 para destruir maquinaria y contener la extracción ilegal en un predio que The New York Times estima en 2.000 hectáreas.
“Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera”.
José Germán Sena Pico, exparamilitar
“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”.
Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno
La revelación pone en evidencia las tensiones persistentes en el Bajo Cauca, donde la minería ilegal sigue financiando estructuras criminales pese a los esfuerzos estatales, destacando la necesidad de fortalecer la presencia institucional para transformar estas economías en pilares de paz sostenible.
