Vicente Benítez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana, analiza que la Corte Constitucional podría avalar una nueva declaratoria de estado de emergencia en el departamento de Córdoba debido a las inundaciones provocadas por un frente frío, consideradas imprevisibles, a diferencia de la declaratoria suspendida por la crisis fiscal a finales de 2025. Este escenario surge tras el Consejo de Ministros realizado el 9 de febrero en Montería, donde el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de reactivar mecanismos de emergencia para atender la situación, mientras la Corte ejerce control jurídico y el Congreso control político sobre estos decretos.
Benítez detalla que para declarar un estado de excepción se requieren tres condiciones constitucionales: primero, la existencia de una crisis identificada por el gobierno; segundo, que esta sea intempestiva, es decir, no estructural ni previsible; y tercero, que no pueda resolverse con las herramientas ordinarias del Estado. En el caso de las inundaciones en Córdoba, que demandan medidas inmediatas como contratación rápida y asistencia sin trámite legislativo, estas condiciones se cumplirían, permitiendo al gobierno superar el desfinanciamiento estatal estimado en 16 billones de pesos.
Distinción clave entre crisis fiscal y desastre natural
La crisis fiscal anterior, originada por el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento y el hundimiento de la reforma tributaria, era esperable y no intempestiva, lo que llevó a la Corte Constitucional a suspender el decreto de emergencia económica de finales de 2025, impidiendo la recaudación prevista y las facultades legislativas extraordinarias. A diferencia de aquello, las inundaciones actuales en Córdoba no fueron referenciadas en la declaratoria previa y representan una emergencia concreta e imprevisible que justifica una nueva medida, según el análisis del experto.
“le he solicitado a la Corte que levante el decreto que ya existe. No necesitaríamos otro, esa es la discusión jurídica”
Gustavo Petro, presidente
“Primero que haya una crisis. Esa la identifica el gobierno. Dos, que esa crisis sea intempestiva, es decir, que no sea estructural. En términos coloquiales, que no sea algo que se veía venir. Y en tercer lugar, que la crisis no pueda atenderse con las herramientas ordinarias con las que cuenta el Estado”
Vicente Benítez, profesor de Derecho Constitucional
Benítez enfatiza que declarar un estado de excepción por una crisis cocinada desde hace tiempo resulta inconstitucional, como ocurrió con el tema fiscal, pero una nueva por las inundaciones en Córdoba sería viable. “Cuando el gobierno decreta el estado de excepción por una crisis fiscal provocada porque el Congreso no le aprobó el nuevo paquete tributario para financiar al Estado, hablábamos de algo esperable. No es algo intempestivo, como la inundación que está ocurriendo en este momento en el área de Córdoba”, explica. Así, el gobierno podría avanzar en una declaratoria específica para esta zona, atendiendo las necesidades urgentes sin las limitaciones de la emergencia abstracta previa por temas fiscales o ambientales.
“si el gobierno quisiera declarar otro estado de excepción, ya no por el tema fiscal o esa declaración abstracta del tema ambiental, sino concretamente por lo que está pasando en Córdoba, el gobierno lo podría hacer. Esa sí es, a mi juicio, una emergencia porque es imprevisible y no se puede atender con los medios ordinarios”
Vicente Benítez, profesor de Derecho Constitucional
La Corte Constitucional continúa evaluando la constitucionalidad del decreto suspendido, mientras el Ejecutivo busca alternativas para garantizar recursos en medio de la catástrofe en Córdoba, destacando la importancia de diferenciar emergencias predecibles de aquellas que exigen respuestas inmediatas.
