La promesa del presidente electo Abelardo de la Espriella de recuperar $300 billones anuales mediante la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal ha generado un intenso debate entre expertos económicos, quienes cuestionan su viabilidad por la falta de mediciones rigurosas y la complejidad estructural de estos fenómenos. La propuesta, que surge en medio de unas finanzas públicas en rojo con déficit desbordado y altos niveles de deuda, contempla la recuperación de $90 billones por corrupción, $110 billones por evasión fiscal y más de $100 billones por exenciones tributarias, según lo anunciado por el mandatario electo durante su campaña.
Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, fue contundente al afirmar que “contar con la plata que produciría la lucha contra la corrupción o la lucha contra la evasión no es realista. Muchos gobiernos han hecho intentos en esa dirección, pero realmente se logra muy poco”. El académico recordó que durante la época del contralor Edgardo Maya, entre 2014 y 2018, se calculaban pérdidas anuales por corrupción de $60 billones, mientras que la Auditoría General de la República estima actualmente unos $50 billones anuales. Sin embargo, advirtió que estas cifras provienen de metodologías dispares que no permiten una medición precisa del fenómeno.
Cifras sin consenso
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, respaldó esta visión al señalar que “las estimaciones que suelen circular en el debate público provienen de metodologías muy distintas y no permiten medir de manera rigurosa el costo total del fenómeno”. Según datos de Transparencia por Colombia, en 1.243 casos de corrupción documentados por la prensa entre 2016 y 2022 se comprometieron $137,65 billones, aunque el monto efectivamente perdido fue de $21,28 billones y apenas se recuperaron $9,08 billones por multas, sanciones y devoluciones. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubica a Colombia con una puntuación de 37 sobre 100, en el puesto 99 de 182 países, lo que refleja la magnitud del problema.
En materia de evasión fiscal, las cifras son igualmente alarmantes. Mejía calcula que Colombia pierde anualmente el 5,2% del PIB por evasión de impuestos, equivalente a un tercio del recaudo tributario. Este porcentaje se desglosa en un 3,4% del PIB por evasión en renta de personas jurídicas, un 1,1% por IVA y un 0,7% por renta de personas naturales. Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló que solo en 2021 el gasto tributario dejado de recaudar por renta e IVA ascendió a $102 billones, mientras que en 2022 alcanzó los $129 billones, equivalentes al 8,8% del PIB.
“Colombia tiene cada año más ingresos de impuestos dado que modifica permanentemente el estatuto tributario, pero eso genera una alta complejidad en las normas, y se crean exclusiones, excepciones y deducciones que terminan erosionando la base gravable de los impuestos”
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence
Reformas estructurales, no soluciones inmediatas
Frente a este panorama, los expertos coinciden en que reducir las pérdidas por corrupción y evasión requiere reformas estructurales y no promesas de recuperación inmediata. Hernando Zuleta propone simplificar el estatuto tributario y recortar exenciones para reducir los espacios de elusión, mientras que Luis Fernando Mejía plantea fortalecer la Dian con talento humano, tecnología, interoperabilidad de datos y un régimen sancionatorio más efectivo. En materia de contratación pública, Mejía sugiere reforzar mecanismos como el Secop y Colombia Compra Eficiente. La propuesta de De la Espriella incluye un “empalme anticorrupción” como auditoría para medir el deterioro institucional heredado del gobierno de Gustavo Petro, pero los especialistas advierten que los avances pueden reducir pérdidas, pero no convertirlas de inmediato en una bolsa disponible de recursos para el Estado.
El país tramita una nueva reforma tributaria aproximadamente cada año y medio, acumulando exclusiones, excepciones y deducciones que facilitan la elusión, un fenómeno distinto a la evasión: mientras esta última implica violar la ley deliberadamente, la elusión aprovecha vacíos legales para reducir la carga tributaria. Con un recaudo actual del 22,2% del PIB, Colombia está por encima del promedio regional del 21,3%, pero muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el 33,9%. Para los analistas, la única vía sostenible es avanzar en reformas de fondo que requieren voluntad política y tiempo, no atajos ni cifras sin sustento.
