El sector del carbón en Colombia atraviesa una profunda crisis, con una caída del 21,2% en las exportaciones y una reducción proyectada del 31,8% en los ingresos para 2025, según reveló la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón). Esta situación se agrava por reformas fiscales implementadas en los últimos tres años, el aumento del salario mínimo y medidas administrativas como el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, que impone una sobretasa del 10% al impuesto de renta, un 1% al impuesto de ventas y eleva la autorretención del 1,6% al 4,5%. Las regiones más afectadas incluyen Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Cesar, donde la producción ha retrocedido un 19% en los últimos dos años, equivalentes a 10 millones de toneladas no extraídas, cuando previamente se manejaban entre 54 y 56 millones de toneladas anuales.
En 2023, el sector generaba 130.000 empleos directos y 650.000 en la cadena de valor, pero entre ese año y 2025 se han perdido 25.000 puestos directos y 100.000 indirectos, con riesgo adicional del 25% que amenaza otros 150.000 empleos. Además, las regalías y contraprestaciones se reducirán un 29% en 2025, y las exportaciones de diciembre de ese año apenas alcanzarán los 464 millones de dólares. Factores externos como la sobreoferta global, la caída de más del 20% en los precios del carbón y del coque, la acumulación de inventarios internacionales y el alza en costos logísticos por menor volumen de transporte contribuyen a esta debacle, que compromete la competitividad de la pequeña y mediana minería en el principal productor y exportador de carbón de América Latina.
Críticas al Decreto 1474 y llamado a una transición planificada
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, alertó que el aumento de costos, muchos indexados al salario mínimo, junto con mayores gastos logísticos y operativos, comprometen la viabilidad de cientos de empresas, subrayando que el carbón representa empleo, estabilidad y desarrollo para miles de familias, y que la caída de exportaciones es un golpe social y económico para las regiones productoras.
“el aumento de costos, muchos indexados al salario mínimo, junto con mayores costos logísticos de transporte y de operación, comprometen la viabilidad de cientos de empresas”
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), liderada por Juan Camilo Nariño, cuestionó duramente el Decreto 1474, que revive la prohibición de deducir regalías, una medida declarada inconstitucional y ahora reimpulsada vía Emergencia Económica, suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional bajo el gobierno de Petro. Este decreto no solo debilita el ordenamiento jurídico y democrático, sino que también compromete la caja del próximo gobierno y agrava la vulnerabilidad fiscal heredada.
“es inadmisible que una Emergencia Económica sea usada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático”
Juan Camilo Nariño, presidente ejecutivo de ACM
Los gremios exigen una transición planificada que respete las instituciones, advirtiendo que esta situación amenaza la estabilidad laboral y económica de miles de hogares en Colombia, con impactos en ingresos de municipios y departamentos dependientes del sector.
“una situación que amenaza la estabilidad laboral y económica de miles de hogares en Colombia”
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón
