El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, analizó las rutas jurídicas que podría tomar la justicia colombiana frente a las denuncias de la ciudadana Deicy Jiménez, quien a través de un video difundido en redes sociales señaló al expresidente Gustavo Petro de una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales. Arrubla explicó que la definición de la autoridad competente para investigar estos hechos, que han sido denominados como «sexocontratos», depende fundamentalmente de si existe un vínculo directo con el ejercicio de la Presidencia de la República.
El análisis jurídico del exmagistrado, realizado en entrevista con La FM, cobra relevancia al considerar que Petro ya no es presidente en ejercicio, pues su mandato concluyó, lo que modifica el alcance del fuero presidencial. Arrubla precisó que, de haberse presentado las conductas durante el ejercicio del cargo, la competencia recaería en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para luego pasar a la plenaria y al Senado. Sin embargo, si las presuntas acciones no tienen relación con las funciones propias de la Presidencia, la investigación correspondería a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces ordinarios.
Las rutas procesales y la presunción de inocencia
Arrubla Paucar subrayó que, independientemente de la vía que se active, Gustavo Petro conserva la presunción de inocencia y que cualquier conclusión sobre su responsabilidad dependerá exclusivamente del acervo probatorio que recopilen y valoren las autoridades competentes. El exmagistrado advirtió que los testimonios, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales que ha presentado la denunciante no constituyen pruebas judiciales en sí mismas, sino que deberán ser sometidos a un examen formal para verificar su autenticidad y el contexto en el que fueron producidos.
«Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un antejuicio ante el Congreso»
Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia
Entre las hipótesis delictivas que podrían explorarse, Arrubla mencionó el posible delito de peculado en favor de terceros, que requeriría demostrar la utilización de recursos públicos para beneficiar a particulares a cambio de los favores sexuales denunciados. El caso, que ha abierto interrogantes sobre el uso de bienes estatales para fines personales, podría escalar si se demuestra que otros funcionarios estuvieron involucrados en la tramitación o adjudicación de los presuntos contratos, ampliando así el espectro de la investigación.
