El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, planteó recientemente en su cuenta de X un proceso de “desalarización” de la economía para evitar que el aumento del salario mínimo de más del 23% decretado para 2026 se traslade a bienes y servicios esenciales, lo que podría generar mayor inflación e inestabilidad económica, especialmente en productos como el huevo y el pollo. Esta propuesta surge como reacción al ajuste que eleva el salario vital a 1.750.905 pesos, el auxilio de transporte en un 24,5% hasta 249.095 pesos, sumando un total mensual cercano a los 2.000.000 pesos para los trabajadores a partir de enero de 2026.
Samper sugiere desvincular los ajustes salariales de la inflación tradicional, que supuestamente compensa la pérdida de poder adquisitivo, y avanzar hacia un “salario familiar” que se ajuste al valor de la canasta básica de bienes y servicios, considerando la composición de los hogares y el número de personas que trabajan para cubrirla, promoviendo así una redistribución más equitativa de los ingresos laborales.
“Así como hace algunos años el país inició la ‘desupaquisación’ de la economía para evitar el virus inflacionario del ajuste diario de las UPACS (unidades de poder adquisitivo constante), también hoy debería abordar un proceso de ‘desalarización’ que impida el traslado del ajuste del salario mínimo a muchos bienes y servicios que generan a su turno más inflación e inestabilidad económica”.
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
El aumento salarial decretado por Petro y las primeras reacciones judiciales
El incremento fue establecido por el presidente Gustavo Petro mediante los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, medida que ya enfrenta controversia. Gremios como Fenalco, Andi, Acopi, Camacol y Anif han criticado su impacto potencial en el empleo y la estabilidad empresarial, argumentando que genera incertidumbre económica.
Consejo de Estado admite demanda contra los decretos
En paralelo, el Consejo de Estado admitió la primera demanda contra estos decretos, presentada por Germán Castro en contra de los ministerios de Hacienda y Trabajo. La entidad notificó a los ministerios implicados, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, otorgándoles un plazo de 30 días para presentar sus argumentos. Además, el Ejecutivo deberá entregar todos los documentos relacionados con la emisión de los decretos, mientras se tramita por separado la solicitud de suspensión provisional de la norma, lo que añade tensión al debate sobre el futuro del salario mínimo en Colombia.
“Tal vez haya llegado el momento de desvincular los ajustes del salario mínimo de la inflación, que supuestamente devolvía al trabajador el poder adquisitivo perdido el año anterior, para pasar al ‘salario familiar’, que sintoniza los ingresos laborales de manera redistributiva con el valor de la canasta familiar de bienes y servicios básicos y el número de personas trabajando en cada hogar para pagarla”.
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
Esta intervención de Samper y el avance judicial reflejan las divisiones en torno a la política salarial, en un contexto donde el equilibrio entre protección al trabajador y control inflacionario se presenta como un desafío clave para la economía nacional en 2026.
