Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado para lo electoral y abogado especializado en temas electorales, presentó una querella ante el Consejo Nacional Electoral solicitando la revocatoria de 14 listas de candidaturas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. Estas listas corresponden a circunscripciones en Bogotá, Nariño, Valle del Cauca y otras regiones como Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada, además de la circunscripción internacional.
La solicitud se basa en presuntas inscripciones irregulares realizadas por coaliciones que incluyen al Movimiento Político Habilitante (MPH), Colombia Humana y otros partidos aliados, las cuales habrían violado el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que establece un límite del 15% de la votación válida para la conformación de coaliciones, así como el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que hace obligatorios los resultados de las consultas populares realizadas el 26 de octubre de 2025. Farfán Namén argumenta que en varios departamentos se superaron ampliamente estos umbrales constitucionales, como en Bogotá con un 28,9%, en Cauca con 27,07% y en Putumayo con 38,47%, lo que invalida las listas presentadas.
Contexto de las irregularidades y consecuencias posibles
El Pacto Histórico fue constituido formalmente como movimiento político mediante un fallo del Consejo Nacional Electoral emitido el 3 de diciembre de 2025, lo que implica que debe respetar estrictamente los resultados de las consultas populares de octubre anterior, según lo establecido en la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, las listas cuestionadas incluyen candidatos de partidos como Alianza Verde, Partido Ecologista de los Verdes y MAIS, seleccionados directamente en algunos casos, lo que habría desplazado a los ganadores legítimos de dichas consultas. Además, las fusiones entre partidos conllevan la sumatoria de derechos y obligaciones electorales para evaluar el cumplimiento de los umbrales, agravando las irregularidades detectadas.
De prosperar la solicitud, las consecuencias serían significativas: las jurisdicciones afectadas perderían sus opciones de candidaturas en esas circunscripciones, se ordenaría el reintegro de los fondos públicos utilizados en las consultas de 2025 y los precandidatos inhabilitados no podrían postularse en otros escenarios del mismo proceso electoral. Este caso pone en jaque la preparación de las elecciones legislativas y resalta la rigurosidad con la que el Consejo Nacional Electoral vigilará el cumplimiento normativo en el camino hacia el 2026.
