El exrepresentante a la Cámara por el Partido Comunes, Carlos Alberto Carreño Marín, también conocido como Sergio Marín, deberá rendir indagatoria el próximo viernes 10 de julio de 2026 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá. La diligencia, programada para las 8:30 de la mañana, será liderada por el magistrado instructor Héctor Alarcón y responde a una investigación por presunto acoso sexual contra una escolta de su esquema de seguridad, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los hechos que dieron origen al proceso se remontan al 17 de febrero de 2026, cuando, según el testimonio de la denunciante, Carreño habría incurrido en presuntos acercamientos y tocamientos no consentidos, además de intentar llevarla a la fuerza a una habitación. “Al final de la jornada, sobre las cinco de la tarde, él me sugería que subiera al apartamento y empezó a insinuarme que yo le gustaba mucho, que era muy difícil para él controlarse. Insistía en el gusto que sentía por mí y me preguntaba qué opinaba. Yo le afirmaba que mi relación con él era solo de trabajo”, relató la escolta en declaraciones recogidas por la revista Semana. Ante la Corte Suprema, la mujer amplió su relato: “Continuaba con insistencia acercándose y expresando que yo estaba muy buena, que yo le gustaba. Me tocaba las piernas y decía que él no podía detenerse porque se encontraba descontrolado. Yo le dije que me iba a ir y entonces me tomó de los brazos e intentó, a la fuerza, entrarme a la habitación y me tocaba las nalgas”.
Represalias laborales tras la denuncia
Tras rechazar los presuntos acercamientos de Carreño, la escolta denunciante asegura haber sufrido represalias en su entorno laboral. Según el testimonio, fue retirada de un grupo de WhatsApp en el que se coordinaban las tareas de seguridad, comenzó a recibir información limitada sobre los desplazamientos del excongresista y se le prohibió acompañarlo cuando este saliera de Bogotá. Estas acciones, que la denunciante vincula directamente con su negativa a los acercamientos, forman parte de la investigación que adelanta la Corte Suprema.
«Todo es un asunto político relacionado con recusaciones de otro caso.»
Carlos Carreño, exrepresentante a la Cámara
El exrepresentante, quien perteneció a la bancada del Partido Comunes y es exguerrillero, ha negado las acusaciones y las ha calificado como una maniobra en su contra. En declaraciones a Semana, afirmó que “todo es un asunto político relacionado con recusaciones de otro caso”. Sin embargo, este no es el único proceso que enfrenta en la Corte Suprema. Desde marzo de 2025, se adelanta en su contra una investigación por presunta concusión, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, en la que se le acusa de haber exigido parte de sus salarios a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, según testimonios como el de la exempleada Irene Amado. Ese caso permanece en etapa de recaudo de pruebas.
La competencia de la Corte Suprema en ambos procesos se sustenta en el fuero que cobija a los congresistas. Si las conductas investigadas ocurrieron en el marco de las funciones parlamentarias, el alto tribunal mantiene la jurisdicción sobre los casos. Las investigaciones abiertas contra congresistas por delitos sexuales y corrupción reflejan una tendencia creciente en el control judicial sobre la función pública en Colombia, un escenario que ahora pone a Carlos Carreño en el centro de la atención judicial.
