En un caso que ha sacudido los cimientos de la educación superior en Colombia, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a tres años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la falsificación de dos títulos académicos a favor de Juliana Guerrero, exprotegida del presidente Gustavo Petro. La condena, resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, también le impone una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. Los hechos, ocurridos en Bogotá, salieron a la luz después de que la universidad detectara irregularidades en la plataforma MiMatrix, donde Gutiérrez, utilizando su perfil de administrador con el número 3486, autorizó la expedición de dos diplomas y dos actas de grado de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, pese a que la beneficiaria no cumplía con ningún requisito académico.
Según la investigación, los documentos fueron fechados el 1 de julio de 2025, pero Guerrero, quien fue representante del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y excandidata al viceministerio de la Juventud, no asistió a clases, no presentó evaluaciones ni realizó las pruebas Saber Pro, un requisito indispensable para obtener un título profesional. La Fiscalía detalló en la audiencia que Gutiérrez, profesional en ingeniería de sistemas, autorizó los documentos desde su perfil sin que los controles externos hubieran dado luz verde, evidenciando una manipulación directa del sistema. “Autorizó mediante su perfil la expedición”, señaló la fiscal delegada, quien también leyó la certificación irregular que afirmaba falsamente que la ciudadana “había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”. La universidad anuló los títulos el 7 de noviembre de 2025, al no encontrar registro de actividad académica de la beneficiaria.
Irregularidades en la plataforma y responsabilidad penal
La operación fraudulenta quedó trazada en los sistemas informáticos de la institución, revelando cómo Gutiérrez, con plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento, según estableció la Fiscalía, violó el reglamento jurídico y la normativa de educación superior. En la audiencia, el exfuncionario ofreció disculpas por su actuación, reconociendo que había incumplido la ley. Este caso, que inicialmente se centró en la exprotegida de Petro, destapó una red de irregularidades dentro de la Fundación Universitaria San José, poniendo en entredicho los controles académicos de la institución.
«Con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados»
Fiscal delegada, leyendo la certificación irregular en audiencia
La condena de tres años de prisión contra Gutiérrez Martínez cierra un capítulo judicial que expone la fragilidad de los sistemas de verificación académica cuando son vulnerados desde dentro. Mientras tanto, el nombre de Juliana Guerrero sigue resonando en el contexto político, aunque su implicación directa en este caso no ha sido el centro de la acción penal. La investigación, que comenzó precisamente con el caso Guerrero, ha dejado al descubierto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las instituciones de educación superior para evitar que privilegios o influencias distorsionen los procesos académicos.
