La exsenadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que su versión voluntaria, inicialmente convocada de manera presencial para el miércoles 4 de noviembre de 2026, se realice por escrito. La petición, presentada por su defensa antes de la fecha señalada, alega que las amenazas y los señalamientos públicos que ha recibido afectan su integridad personal y emocional. La diligencia está prevista dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado colombiano, así como otros crímenes cometidos contra menores en las filas de las extintas Farc.
El mecanismo propuesto por la defensa consiste en que la versión se canalice a través de un cuestionario previo, elaborado por la magistrada sustanciadora Lily Rueda Guzmán, con un plazo de 30 días hábiles para que Ramírez responda por escrito. Para sustentar esta solicitud, el equipo jurídico de la exsenadora citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente los casos Yarce y otras vs. Colombia y Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, así como el Auto SUB-P-CASO 11-005 del 16 de septiembre de 2026, emitido por la propia JEP, en el que se adoptó una metodología escrita en el marco de una investigación sobre violencia de género intrafilas. La defensa también pidió que el cuestionario incluya la hipótesis investigativa, las menciones que hagan referencia a Ramírez, las demandas formuladas por las víctimas acreditadas y las preguntas que haya planteado la Procuraduría Delegada.
Rechazo contundente de las víctimas
La petición ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto. Deisy Dorelly Guanaro, quien ha relatado el presunto papel de Sandra Ramírez en el reclutamiento de menores con fines de explotación sexual dentro de las Farc, calificó la solicitud como una burla y exigió a la JEP mantener la fecha establecida. Guanaro, acreditada como víctima denunciante en el proceso, señaló que la comparecencia presencial es un acto impostergable y que la demora acumulada ya resulta insostenible.
«Como víctima denunciante, rechazo contundentemente esta solicitud y le exijo a la JEP que mantenga la fecha de la audiencia. ¡Diez años han sido suficientes! ¿Cuánto más deben esperar las víctimas? ¿Cuántas veces más se van a aplazar las respuestas que Colombia y las víctimas estamos esperando?»
Deisy Dorelly Guanaro, víctima de las Farc
«No más dilaciones, no más aplazamientos y no más burlas a las víctimas. ¡Es hora de dar la cara y responder!»
Deisy Dorelly Guanaro, víctima de las Farc
Un caso con más de once mil víctimas
El Caso 07 de la JEP, que actualmente adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad bajo la magistratura de Lily Rueda Guzmán, cuenta con 11.277 víctimas acreditadas. De ese total, 2.250 son individuales y 9.027 colectivas, estas últimas representadas a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano. La JEP ha aclarado que la convocatoria a versión voluntaria no constituye una imputación ni determina responsabilidad penal, sino que busca recoger información y contrastar la trayectoria de Ramírez dentro de la guerrilla, en el marco de las graves violaciones cometidas contra la niñez. Ahora, la Sala deberá decidir si mantiene la comparecencia presencial del próximo 4 de noviembre o autoriza el mecanismo escrito propuesto por la defensa, en un escenario que vuelve a poner a prueba los equilibrios entre la participación efectiva de las víctimas y las garantías procesales de los comparecientes.
