La exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, salió al paso de las revelaciones sobre pagos en un casino y un presunto prostíbulo de Cartagena con recursos del conglomerado Coosalud y aclaró que ese dinero no salió de los dineros de la salud. La exfuncionaria explicó que las transacciones, realizadas con tarjetas corporativas y retiros de efectivo desde cuentas de la empresa Inversiones Portichelly, fueron denunciadas ante la Fiscalía desde febrero de 2026 por la propia intervención, después de que el agente interventor le informara de los hallazgos.
De acuerdo con la investigación periodística de la revista Cambio, los movimientos irregulares incluyen un consumo de cinco millones de pesos en el Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena, y dos desembolsos de cuatrocientos mil pesos cada uno en el local El Paraíso del Marino, en el sector Vista Hermosa, que suman en total cinco millones ochocientos mil pesos en establecimientos nocturnos. A eso se suman cuarenta y dos retiros en efectivo realizados entre agosto y diciembre de 2025, por un monto de cincuenta y seis millones setecientos mil pesos, lo que eleva los movimientos irregulares entre los locales y los retiros a sesenta y dos millones quinientos mil pesos. Todo ello quedó consignado en los informes de empalme, sin que existieran soportes contables que justificaran las operaciones.
María José Navarro, quien se desempeñó como superintendente de la Economía Solidaria, señaló que las operaciones cuestionadas fueron realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud, y que su orientación desde el primer momento fue poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
«Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026»
María José Navarro, exsuperintendente de la Economía Solidaria
Los hallazgos en las filiales del grupo Coosalud
Las irregularidades no se limitan a los gastos en establecimientos nocturnos. La investigación también reveló que Soluinnova, otra filial del grupo dedicada al mantenimiento y adecuación de inmuebles, recibió anticipos contractuales sin soporte por trescientos noventa y nueve millones setecientos mil pesos, de los cuales cien millones fueron entregados en efectivo sin documentación que acreditara el avance o la finalización de las obras. A ello se suman veintiséis embargos judiciales contra Coosalud por un total de dieciséis mil doscientos setenta y dos millones de pesos, así como descuadres entre los extractos bancarios y los balances contables por siete mil cuatrocientos setenta y nueve millones de pesos.
Uno de los puntos más delicados del escándalo tiene que ver con un crédito de doscientos veintiún mil millones de pesos concedido a Coosalud Inversa con garantías de la propia EPS, una operación que prendió las alarmas de los organismos de control. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, radicó en agosto de 2026 una denuncia ante la Fiscalía por presunto desfalco a los recursos de la salud, mientras que la exsuperintendente insistió en que la atención no debe desviarse del verdadero origen del problema.
«Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud, y nosotros también ya presentamos esa denuncia y las pruebas a las autoridades competentes»
María José Navarro, exsuperintendente de la Economía Solidaria
Coosalud fue intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en diciembre de 2024, luego de que se detectaran anomalías en el manejo de capitales con Coosalud Inversa. Como parte de esa intervención se abrió un proceso sancionatorio contra el expresidente de la cooperativa, Jaime González, y los miembros del consejo de administración. Las autoridades judiciales y los organismos de control continúan verificando los soportes contables y las pruebas financieras para determinar las responsabilidades penales del caso, mientras la exfuncionaria insiste en que las denuncias que hoy salen a la luz fueron impulsadas desde la propia intervención en su momento.
