En un nuevo capítulo de la investigación por presunta corrupción en la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, la Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Magda Sofía Ramírez, otorgó un principio de oportunidad parcial a la exsupervisora de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, María Yaneth Rúa. Este beneficio, que aún debe ser avalado por un juez de control de garantías, le concede inmunidad por el delito de peculado por apropiación a cambio de su colaboración efectiva para esclarecer el desvío de más de 17.656 millones de pesos en contratos suscritos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021.
Rúa, quien se desempeñaba como supervisora de los contratos que son objeto de la lupa fiscal, se convierte en una pieza clave dentro del engranaje judicial al aceptar entregar información y pruebas que permitirían desenmarañar una presunta red de corrupción. En el expediente reposa un audio en el que la propia Rúa da instrucciones para reportar gastos superiores a los reales, como en el caso de refrigerios, una evidencia que la Fiscalía considera crucial para demostrar las irregularidades cometidas en la contratación directa bajo la figura de apoyo a la gestión, que no correspondían a esa modalidad.
Una red de cooperación que se expande
La decisión de la Fiscalía de otorgar este beneficio a Rúa no es un hecho aislado. Se suma a una tendencia creciente de cooperación entre los investigados, donde al menos cinco personas ya avanzan en mecanismos similares para colaborar con la justicia. Entre ellos se encuentran Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien ya obtuvo la suspensión de la persecución penal y recuperó su libertad a finales del año pasado; Laura María Mejía Higuita, exfuncionaria del Área Metropolitana que ya habría aportado información utilizada por la Fiscalía en audiencias; y Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien buscaría un preacuerdo para una sentencia anticipada. En total, la investigación por presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero tiene vinculadas a 55 personas, de las cuales cinco han optado por la vía de la cooperación.
A pesar de que Rúa ha recibido inmunidad parcial por el delito de peculado por apropiación, continuará vinculada al proceso por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, un cargo por el cual la Fiscalía pretende llevarla a juicio. Este matiz en el principio de oportunidad refleja la complejidad de la investigación, donde la colaboración de la exsupervisora se considera un insumo fundamental para profundizar en las pesquisas que apuntan a una posible desviación de recursos públicos.
La sombra del hermano del exalcalde
El testimonio de Rúa y la información que aporte podría tener implicaciones de alto impacto político y judicial. Si bien no está formalmente vinculado a la investigación, el nombre de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, ha sido mencionado en el expediente como un presunto coordinador de las acciones que derivaron en las irregularidades. Su figura, sin embargo, no ha sido formalmente imputada, y el esclarecimiento de su posible rol recae en gran medida en la colaboración de testigos como Rúa. El entramado de corrupción que se investiga, que habría utilizado la contratación directa bajo la figura de apoyo a la gestión para actividades y suministros que no correspondían a esa modalidad, amenaza con salpicar a exfuncionarios de alto rango y a la misma administración Quintero.
La concesión de este principio de oportunidad a María Yaneth Rúa no solo refuerza la estrategia de la Fiscalía de desarticular las presuntas redes de corrupción a través de la colaboración de sus propios miembros, sino que también sienta un precedente en la forma en que se están abordando las investigaciones por el desvío de recursos públicos durante la gestión de Daniel Quintero al frente de la Alcaldía de Medellín. Con Rúa como testigo clave, la investigación se adentra en una nueva fase que podría develar los mecanismos ocultos tras millonarias contrataciones que, según la Fiscalía, no correspondían a la realidad de los servicios prestados.
