El Gobierno nacional oficializó este jueves la extensión por un año de la intervención forzosa administrativa de la EPS Asmet Salud, una medida que se mantendrá vigente hasta junio de 2027. La decisión, contenida en la Resolución Ejecutiva número 239 de 2026 firmada el 11 de junio por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, obedece a la persistencia de riesgos en la prestación de servicios que podrían comprometer la atención de más de 1,5 millones de afiliados en todo el país.
La intervención implica la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS, y se sustenta en las facultades constitucionales y legales de vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La resolución, que designa a Jessica Milena Aguirre Santana como interventora sustituta temporal y a la firma Nexia Montes & Asociados S. A. como contralora, busca determinar si la entidad debe ser liquidada, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los usuarios.
Una mirada regional al desempeño de la EPS
Durante la justificación de la prórroga, el superintendente Daniel Quintero ofreció un panorama matizado sobre la situación de Asmet Salud. En declaraciones a Caracol Radio, señaló que “cuando uno ve las cifras agregadas de Asmet dice que no tiene mucho futuro, pero cuando mira algunas regiones encuentra desempeños relativamente buenos”. Esta apreciación se alinea con un cambio metodológico implementado por la Superintendencia de Salud, que ahora incorpora una evaluación regional en lugar de basarse únicamente en indicadores nacionales consolidados. Según el análisis, la EPS enfrenta dificultades particularmente críticas en departamentos como Quindío y Risaralda, pero registra un mejor desempeño en Nariño, Cauca y Caquetá.
“La toma de posesión y la intervención forzosa administrativa tiene por finalidad establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones”
Resolución Ejecutiva 239 de 2026
La Superintendencia ha anunciado que, durante el período de prórroga, trabajará en acuerdos con EPS públicas y privadas para reorganizar los servicios en aquellas regiones donde la capacidad operativa de Asmet Salud es baja. La intervención, que no equivale a una liquidación, busca preservar la continuidad de la atención a los afiliados mientras se evalúa el futuro de la entidad. Asmet Salud deberá seguir reportando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fénix, y la decisión será notificada a la interventora sustituta temporal, a la firma contralora, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades territoriales donde opera la EPS. La medida se enmarca en las facultades del Estado para evitar que los recursos públicos destinados a la salud se desvíen hacia fines diferentes, un principio que ha guiado la acción gubernamental en el sector durante los últimos años.
