La extorsión en Colombia experimentó un incremento del 182,9% entre 2016 y 2024, según un estudio conjunto de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentado el 20 de octubre de 2026 en Bogotá. El informe, titulado «Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia», documenta la evolución del delito con base en 111.186 casos registrados entre 2010 y 2025 en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, y propone 27 acciones de política pública, entre ellas la creación de un documento Conpes para articular una respuesta nacional y territorial.
El análisis revela que las 32 ciudades capitales concentran más de la mitad de los casos: en 2025 se reportaron 7.291 denuncias en estas urbes, equivalentes al 54,3% del total nacional. En las capitales, el crecimiento entre 2016 y 2024 fue incluso superior al nacional, alcanzando un 201,5%. Aunque en 2025 se registró una leve reducción del 3,2% en los casos nacionales respecto a 2024, al pasar de 13.869 a 13.428, los datos de enero a abril de 2026 muestran un repunte del 8% a nivel nacional y del 10,1% en las capitales, con 3.936 y 2.182 casos respectivamente, lo que enciende las alarmas sobre la persistencia del delito.
Cifras por ciudades y perfil de las víctimas
Entre las capitales, Cartagena presentó el aumento más drástico al pasar de 197 casos en 2024 a 382 en 2025, un incremento del 93,9%. Le siguieron Tunja con un 76,7%, Pasto con un 37,8% y Sincelejo con un 36,6%. En contraste, ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali lograron reducciones del 16,1%, 17,8% y 7,4% respectivamente. El perfil de las víctimas en las capitales durante 2025 muestra que el 62,6% fueron hombres y el 37,4% mujeres, de un total de 6.771 casos con género identificado. Cerca del 97,9% de los hechos ocurrió en zonas urbanas, principalmente en vías públicas, que concentraron un estimado del 79,1% de los incidentes según cálculos de Asocapitales a partir de reportes de prensa y expedientes judiciales.
Modalidades de extorsión y subregistro
En cuanto a las modalidades, las llamadas telefónicas se consolidaron como el principal medio de extorsión en las capitales, con 3.559 casos en 2025, lo que representa el 48,8% del total y un incremento del 113,8% frente a las 1.665 registradas en 2016. El estudio estima que aproximadamente el 70% de estas llamadas se originan desde centros de reclusión, lo que evidencia el vínculo del delito con el sistema carcelario. Por su parte, el uso de redes sociales y otras tecnologías de la información pasó del 7,6% de los casos en 2016 al 18,6% en 2025, con 1.354 casos; entre 2020 y 2021 este tipo de extorsión, que incluye la extorsión sexual y la coacción mediante plataformas digitales, dio un salto de 191 a 1.353 casos, un incremento del 608%. En contraste, la extorsión directa, conocida como «vacunas», disminuyó su participación, pasando de 1.704 casos en 2024 a 1.050 en 2025, con una caída de 21,7% a 14,4%. Sin embargo, las cifras oficiales representan apenas una fracción de la realidad: según el estudio, menos del 20% de los hechos de extorsión llegan a denunciarse, lo que sugiere que el problema es mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas. Esta situación se agrava por las diferencias en la clasificación de delitos conexos como amenazas, usura, estafas y el denominado «paseo millonario», lo que afecta la calidad de los registros y dificulta la coordinación investigativa.
Propuesta de política pública y competencias
Frente a este panorama, Asocapitales y el DNP proponen la formulación de un documento Conpes que, con énfasis en la modalidad carcelaria, incluya un diagnóstico integral, metas medibles, un plan plurianual de inversión y mecanismos de seguimiento. Esta iniciativa se complementa con 27 acciones de política pública estructuradas en tres ejes: prevención y reducción del delito, articulación con la Fiscalía y la Policía Nacional, y atención integral a las víctimas. Las acciones no constituyen mandatos uniformes ni crean nuevas obligaciones para las administraciones territoriales, sino que cada ciudad puede adoptarlas, adaptarlas o priorizarlas según sus capacidades y recursos. El análisis de competencias normativas reveló que de 21 puntos examinados, 14 corresponden al nivel nacional (66,7%) y solo 2 a las administraciones municipales, lo que pone de relieve la necesidad de articular los esfuerzos entre la Nación y los territorios. Mientras los alcaldes son la primera autoridad de policía en sus jurisdicciones, la investigación penal recae en la Fiscalía y las operaciones especializadas en la Policía Nacional, por lo que el estudio busca fortalecer la corresponsabilidad entre el Gobierno nacional y las ciudades capitales.
El estudio fue elaborado conjuntamente por Asocapitales y el DNP, con la participación de entidades como el Ministerio de Justicia, el Inpec, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La propuesta del Conpes pretende atender una problemática que, pese a leves reducciones puntuales, mantiene una tendencia creciente y requiere una respuesta integral y coordinada desde todos los niveles del Estado para proteger a la ciudadanía y recuperar la seguridad en las calles.
