La extradición a Estados Unidos del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá y cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, quedó en firme este mes tras la decisión del Ministerio de Justicia de negar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva N.º 440. La resolución, firmada el 4 de diciembre de 2025 y notificada el 12 del mismo mes, agota el trámite administrativo interno y habilita a Colombia para coordinar con las autoridades estadounidenses la entrega del extraditando, requerido por delitos de narcotráfico.
El ministro de Justicia, Andrés Idarraga, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, fundamentó la negativa en el artículo 560 del Código de Procedimiento Penal, confirmando así la decisión política del Ejecutivo, que cuenta con facultad discrecional amparada en la Constitución y las leyes colombianas. Previamente, la Corte Suprema de Justicia había rechazado una acción de tutela presentada por la defensa de Marín Silva, eliminando el último obstáculo jurídico-administrativo en el proceso.
Agotados los recursos y sin suspensiones por procesos locales
La determinación del Ministerio de Justicia deja claro que los procesos judiciales o eventuales condenas en curso en Colombia no obligan a suspender la entrega del extraditando, priorizando el requerimiento internacional de Estados Unidos. Con este paso, las autoridades colombianas están en plena capacidad para avanzar en la ejecución de la extradición, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico liderado por estructuras como La Inmaculada.
Esta resolución refuerza el compromiso del Gobierno nacional en la cooperación judicial internacional, asegurando que figuras clave del crimen organizado enfrenten la justicia en el exterior cuando así lo exige la ley, sin dilaciones innecesarias en el ámbito doméstico.
