La extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá y líder de la banda criminal La Inmaculada que opera en el norte del Valle del Cauca, se encuentra en suspenso debido a un recurso de apelación en trámite contra la Resolución Ejecutiva 440 emitida por el Ministerio de Justicia. Esta resolución, firmada el 4 de diciembre de 2025 y notificada el 12 de diciembre por el ministro encargado Andrés Idárraga bajo la autorización del presidente Gustavo Petro, autoriza su entrega a las autoridades norteamericanas. Actualmente, Marín Silva permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá, mientras el trámite administrativo impide la ejecución de la extradición hasta que se resuelva el recurso interpuesto dentro de los 10 días siguientes a la notificación.
La Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Gerson Chaverra, negó la tutela presentada por la defensa del capturado, al considerar que este mecanismo no es apto para controvertir decisiones administrativas de extradición y que la resolución aún no está en firme. El Ministerio de Justicia tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver la apelación o reposición, lo que mantendrá la situación en vilo. Marín Silva enfrenta en Colombia una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en 46 homicidios, mientras que en Estados Unidos se le acusa de narcotráfico y concierto para delinquir mediante una orden radicada el 11 de septiembre de 2024.
Contexto de un líder criminal influyente
A pesar de estar privado de la libertad, alias Pipe Tuluá mantiene influencia sobre La Inmaculada, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha podido garantizar su seguridad en un centro carcelario ordinario, lo que justifica su reclusión en la estación policial bogotana. Su defensa insiste en su inocencia y busca oportunidades para aportar información que contribuya a reducir la violencia en las cárceles, aunque ha habido acercamientos exploratorios con el Gobierno para un posible diálogo que no incluye negociaciones sobre la extradición. Si el recurso de apelación es negado, la resolución ejecutiva quedará en firme y la extradición procederá de inmediato; en caso contrario, el proceso se suspendería indefinidamente.
Este caso resalta las complejidades del sistema judicial colombiano en materia de extradiciones, donde los recursos administrativos pueden prolongar la entrega de altos mandos criminales a instancias internacionales, afectando la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
