En un operación conjunta entre las autoridades colombianas y estadounidenses, Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado como segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos junto a otras seis personas para enfrentar cargos por narcotráfico. La entrega se concretó el 23 de octubre de 2026, cuando el grupo fue puesto a disposición de la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida, donde deberá responder por concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.
El proceso de extradición de alias Mocho Olmedo, quien pertenece al Estado Mayor de Bloques y Frentes bajo el mando de alias Calarcá, inició con la orden de captura expedida el 25 de julio de 2023. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable el 28 de mayo de 2025, y el Gobierno colombiano aprobó inicialmente la extradición. Sin embargo, esta fue suspendida mediante la Resolución 186 de 2025, del 26 de junio, condicionada a que el disidente aportara resultados verificables al proceso de paz con el Frente 33. Al interrumpir su participación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reactivó la extradición en agosto de 2026.
Los cargos que se le imputan en Estados Unidos están relacionados con una operación de narcotráfico ocurrida entre 2021 y 2022, en la que se menciona una maleta con 740 mil dólares vinculada a una negociación por 115 kilogramos de cocaína. Además de los delitos federales, alias Mocho Olmedo tiene un amplio prontuario en Colombia. La Fiscalía lo investiga por 43 homicidios, 4 feminicidios, el desplazamiento forzado de 84 personas en la región del Catatumbo y el reclutamiento ilegal de 31 menores de edad. Estos hechos ocurrieron principalmente en enero de 2025, durante la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 en esa zona del Norte de Santander.
Un camino entre la paz y la justicia
Alias Mocho Olmedo se había entregado al Ejército en febrero de 2025 en la zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander, luego de sobrevivir a un atentado perpetrado por el ELN en medio de las disputas territoriales del Catatumbo. Durante la administración del presidente Gustavo Petro fue designado gestor de paz, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella le retiró ese nombramiento antes de materializar la extradición. En Colombia, la Fiscalía ya lo había imputado por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir, todos delitos relacionados con su accionar militar y político en la región.
La entrega de Mocho Olmedo se produjo junto a la de otras seis personas requeridas por Estados Unidos por narcotráfico, todas ellas también vinculadas a estructuras del crimen organizado. Con esta extradición, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje claro sobre su política de lucha contra el narcotráfico y la cooperación judicial con Estados Unidos, al tiempo que se cierra un capítulo judicial que había estado en suspenso durante más de un año. Las autoridades colombianas mantienen abiertas las investigaciones por los crímenes cometidos por alias Mocho Olmedo en territorio nacional, donde aún debe responder ante la justicia por las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en el Catatumbo.
