La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, al considerar que utilizó su posición de autoridad para someter a la contratista Viviana Vargas Ávila a actos sexuales no consentidos. Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024 en el apartamento de Cancino, ubicado en el nororiente de Bogotá, cuando la víctima acudió a una cita con aparente propósito laboral, dado que su contrato en el Ministerio del Interior estaba por finalizar y buscaba explorar nuevas opciones profesionales.
Según la investigación del fiscal del caso, Edwin Alberto Sánchez, Cancino aprovechó su investidura para realizar al menos tres acciones de naturaleza sexual sobre Vargas Ávila, pese a la oposición expresa de la mujer. El ente acusador detalló que el exfuncionario la abrazó por la espalda, le tocó los senos por debajo de la blusa e intentó besarla, al tiempo que la sujetaba por los brazos y las manos para impedir que se retirara. La víctima, quien en su denuncia afirmó que no tenía «ningún espacio de confianza» con Cancino y que «ni siquiera nos saludábamos de beso», presentó chats como evidencia en los que el propio exviceministro reconoce los hechos en mensajes posteriores al encuentro.
La imputación y el agravante por abuso de autoridad
Durante la audiencia de imputación, realizada el lunes 10 de agosto de 2026, la Fiscalía argumentó que Cancino actuó «con el fin de satisfacer su libido sexual» y que, para la realización de la conducta, se valoró su posición como exministro general del interior y su calidad de autoridad en el ámbito laboral y político de la víctima, «lo cual le confería una particular autoridad sobre ella y la impulsaba a depositar en usted su confianza». Por esta razón, el cargo incluye el agravante previsto en el numeral segundo del artículo 211 del Código Penal, lo que eleva la pena potencial de entre 8 y 16 años de prisión por el delito base a una condena que podría oscilar entre los 10 y los 24 años de cárcel.
«La víctima expresó de manera expresa y reiterada su negativa a cualquier tipo de acercamiento de naturaleza sexual»
Fiscal Edwin Alberto Sánchez, durante la audiencia
Diego Cancino no aceptó los cargos imputados. Previo a la audiencia, había emitido un comunicado en el que afirmaba: «Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde varios años. Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros». Sin embargo, la denuncia citó un mensaje posterior del exfuncionario en el que decía: «Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así».
Como medida preventiva, el juez del caso ordenó la prohibición de vender o enajenar bienes durante seis meses. La Fiscalía tendrá un plazo de 90 días para radicar el escrito de acusación ante un juez de conocimiento, mientras que el proceso contará con el testimonio de amigos de la víctima que llegaron al lugar de los hechos poco después del encuentro. Cabe recordar que Cancino fue designado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a finales de 2024, pero el nombramiento nunca se oficializó debido a estos señalamientos.
