Gremios del sector gasífero colombiano encendieron las alarmas el pasado 6 de julio de 2026, tras conocerse un fallo en Canadá que autoriza a la empresa Canacol Energy a terminar de forma unilateral sus contratos de suministro y transporte. La decisión, emitida por la Corte del King’s Bench de Alberta, ha generado una profunda preocupación en Naturgas y Asoenergía, cuyas dirigentes advierten sobre un riesgo inminente de desabastecimiento en la región Caribe y un impacto negativo en la seguridad energética del país.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, y Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía, hicieron un llamado urgente a las autoridades colombianas para que actúen de manera coordinada y eviten una crisis que podría afectar a 36 millones de usuarios de gas natural en todo el territorio nacional. El fallo judicial, si bien no tiene un efecto automático en Colombia, deberá ser notificado a la Superintendencia de Sociedades, que deberá evaluar su impacto bajo la ley colombiana y en el orden público relacionado con la prestación del servicio. La preocupación se centra en que Canacol abastece un 7,5% del gas nacional y un significativo 35,8% del consumo de la costa Caribe, siendo el segundo mayor productor del país, solo detrás de Ecopetrol.
Llamado a la acción del Gobierno Nacional
Ante la incertidumbre jurídica desatada, los gremios solicitaron la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además de la Supersociedades. “Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agrave la declinación de la producción de la compañía en Colombia”, declaró Murgas, subrayando que la terminación de contratos no debe ser la única vía cuando está en juego la protección del servicio y la confianza del sistema. En la misma línea, la presidenta de Naturgas enfatizó que “la terminación de obligaciones contractuales no son la única, ni la última opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”.
«Cualquier escenario que genere incertidumbre sobre el abastecimiento envía señales negativas a quienes hoy toman decisiones de inversión y pone en riesgo la continuidad de las operaciones»
Silvana Habib Daza, Directora Ejecutiva de Asoenergía
Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía, fue igualmente enfática al señalar que la inseguridad jurídica no solo amenaza el suministro para los hogares, sino que también pone en jaque el aparato productivo del país. “El país no podrá avanzar en políticas de reindustrialización ni fortalecer su capacidad productiva si no se garantiza la seguridad energética; este es un requisito esencial para atraer inversión y proteger el empleo de los colombianos”, afirmó. Las operaciones principales de Canacol se concentran en los departamentos de Córdoba y Sucre, desde donde abastecen a siete departamentos de la costa Caribe y a algunos municipios de Norte de Santander. Aunque Naturgas y Asoenergía aclararon que el pronunciamiento judicial no implica una terminación inmediata ni generalizada de todos los contratos en Colombia, advierten que el precedente abre una puerta peligrosa que debe ser contenida con una respuesta rápida y contundente por parte del Estado.
