La Audiencia Nacional española ha emitido un fallo que reconoce el derecho de un ciudadano colombiano a obtener una cita previa para solicitar asilo, después de que sus intentos durante 17 meses fueran sistemáticamente denegados por la Administración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso presentado por el migrante, cuya identidad no fue revelada, y determinó que la actuación de la Administración vulneró la ley española de asilo y la directiva europea que obliga a garantizar un acceso efectivo, sencillo y rápido al procedimiento de protección internacional.
El ciudadano colombiano intentó desde mayo de 2022 hasta octubre de 2023 obtener la cita previa primero a través de la vía electrónica y, al no tener éxito, mediante llamadas telefónicas entre abril y octubre del año pasado. Durante este periodo, acumuló pruebas de la denegación reiterada: capturas de pantalla, quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y una incidencia ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asumió su acompañamiento jurídico y continuó el procedimiento incluso después de que el migrante optara por otras alternativas, con el objetivo de obtener un pronunciamiento judicial que beneficiara a otros solicitantes.
Un fallo que marca un precedente
Esta es la cuarta sentencia de este tipo emitida en España, según informó Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR. El fallo reconoce el derecho a la cita previa con efectos legales, lo que implica que, una vez formalizada la solicitud de protección internacional, el solicitante queda autorizado a trabajar tras seis meses. La resolución se produce días antes de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para el 12 de junio, que impondrá plazos más estrictos para las solicitudes.
«La actuación de la Administración no resulta compatible con un acceso efectivo, sencillo y rápido al procedimiento de protección internacional», señaló la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su sentencia.
Elena Muñoz afirmó que «el caso refleja la desesperación de quienes encuentran barreras para acceder a la protección internacional», aunque reconoció una «cierta mejora reciente en el acceso a citas». El fallo, basado en la ley española de asilo y en la directiva europea, sienta un precedente para otros solicitantes que enfrentan obstáculos administrativos similares, en un contexto donde las políticas migratorias europeas se endurecen progresivamente.
