Cuatro años después de la promulgación de la Ley 2204 de 2022, que legalizó el uso industrial del cáñamo en Colombia, la promesa de desarrollo para territorios golpeados por economías ilícitas sigue siendo eso: una promesa. La falta de una reglamentación integral y efectiva que permita operar al cáñamo como una cadena agroindustrial independiente mantiene al sector en un limbo legal y operativo. Así lo advierten expertos, líderes gremiales y empresarios que ven en esta planta una oportunidad para transformar economías ilegales en legales, pero que enfrentan un vacío normativo que frena su crecimiento.
El abogado Walter Aguirre Mazo, especialista en el tema, explicó que el principal problema es que la Ley 2204 vinculó al cáñamo al régimen general del cannabis no psicoactivo, sin crear un marco regulatorio propio y ágil para su uso agroindustrial. “Un cultivo destinado a fibra, alimentos, materiales o construcción no puede tratarse administrativamente como si su objeto principal fuera la producción de sustancias fiscalizadas”, afirmó Aguirre, quien insistió en la necesidad de una regulación proporcional. Mientras tanto, el sector opera bajo un esquema transitorio conformado por el Decreto 811 de 2021 y la Resolución 227 de 2022, lo que genera una situación paradójica: la ley fija un límite de THC del 0,3%, pero la normativa vigente permite hasta el 1%. Esta doble medición complica el registro de cultivos en el Sistema de Información de Operaciones de Cannabis del Ministerio de Agricultura.
La oportunidad de sustituir economías ilícitas
Para Elena Escobar, líder del sector en Urabá, el cáñamo representa una herramienta de transformación territorial, pero también una víctima de la desinformación histórica. “Tanto la industria algodonera como la industria licorera satanizaron el cáñamo. Hicieron uso de que el cáñamo viene del cannabis para satanizar todo eso y sacarlo del mercado”, denunció Escobar. Más allá de los prejuicios, la planta ofrece ventajas ambientales significativas: consume hasta un 50% menos de agua que el algodón y prácticamente no demanda herbicidas ni pesticidas. Además, “absorbe CO2, o sea que es perfecta para el tema de los bonos de carbono. Una vez transformado el cáñamo, sigue absorbiendo CO2”, agregó Escobar.
El potencial económico y social es enorme. El cáñamo permite fabricar textiles, bioplásticos, materiales de construcción como bloques, alimentos como aceite y harina, papel, cosméticos e incluso grafeno. Empresas como Agrogreencol trabajan con asociaciones rurales en Antioquia y Urabá, ofreciendo genética legal, asistencia técnica y planes de agricultura regenerativa. Su cofundador, Carlos Álvarez, señaló: “En Colombia, las comunidades rurales necesitan ingresos legales, cultivos resilientes al clima e industrias sostenibles que protejan la tierra. En Agrogreencol estamos construyendo esa oportunidad a través del cáñamo industrial”.
“El cáñamo permite plantear un enfoque diferente: no sustituir simplemente cultivos ilícitos, sino sustituir economías ilícitas por economías industriales legales”
Walter Aguirre Mazo, abogado experto en la materia
No obstante, la demora en la reglamentación integral impide vincular a pequeños productores, formalizar la cadena de valor completa —siembra, transformación industrial, empleo y bonos de carbono— y desarrollar una agroindustria que podría competir en mercados internacionales. Los expertos coinciden en que es urgente culminar la reglamentación de la Ley 2204 con un sistema ágil y diferencial, que trate al cáñamo como un producto agroindustrial y no como una sustancia controlada. Solo así se podrá transformar la promesa legal en una realidad productiva para las comunidades rurales de Colombia.
