El FBI y el gobierno de Estados Unidos han activado medidas diplomáticas y legales, que incluyen la cancelación de visas, contra ciudadanos colombianos que difundieron una falsa acusación de abuso sexual infantil contra el empresario estadounidense Grant Gail, hecho que desencadenó un intento de linchamiento en un conjunto residencial del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, el pasado domingo 14 de junio. La acusación, que se originó como un rumor mientras Gail tramitaba la adopción de tres hermanos menores de edad colombianos, se viralizó en redes sociales y provocó amenazas transfronterizas contra la familia y la empresa del estadounidense en su país de origen.
La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desmintieron categóricamente la versión y confirmaron la legalidad del proceso de adopción. Sin embargo, el daño ya estaba en marcha: más de 400 mensajes han sido recopilados por la defensa de Gail, que también está recolectando videos de cámaras de seguridad para individualizar a los responsables del intento de linchamiento y de las amenazas que traspasaron las fronteras.
Intervención de Estados Unidos y reacciones oficiales
Fabio Humar, abogado de la familia afectada, confirmó que las autoridades estadounidenses han mostrado un interés directo en el caso. “Sobre el involucramiento de las autoridades americanas: sí, en efecto, hemos sabido del interés que, lamentablemente, despertó este caso. La viralización de la noticia hizo que llegara hasta Estados Unidos, donde se toman muy en serio la seguridad de sus ciudadanos. Es apenas normal que las autoridades de allá quieran saber qué pasó y quiénes son los responsables de tan terrible evento”, declaró Humar. El abogado advirtió que las consecuencias no se limitarán a la cancelación de visas, sino que su representación presentará denuncias formales y buscará la reparación integral por el daño generado.
“Las consecuencias no se limitarán a la cancelación de visas. Presentaremos denuncias formales y buscaremos la reparación integral por el daño generado.”
Fabio Humar, abogado de Grant Gail
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X un mensaje refiriéndose al ciudadano como “el pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE. UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”, lo cual, según la defensa, amplificó la acusación y la puso en el centro de un debate político internacional. Petro publicó posteriormente un extenso comunicado que algunos interpretaron como una rectificación parcial, pero la defensa anunció que el mandatario será incluido en acciones legales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la atención inmediata del caso por parte de la administración distrital y el respaldo institucional a la investigación. El Gobierno de Donald Trump, en coordinación con el FBI, ha reiterado que la seguridad de sus nacionales en el exterior es una prioridad y que la difamación o agresión a sus ciudadanos puede acarrear consecuencias diplomáticas y legales.
“El daño ya está hecho. Ahora buscamos que la justicia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, establezca las responsabilidades correspondientes.”
Fabio Humar, abogado
Las personas involucradas en la difusión de la falsa acusación y en el intento de linchamiento enfrentarán la cancelación de sus visas, disposición que podría extenderse a sus familiares directos. Mientras tanto, la defensa de Gail presentará denuncias penales y civiles en Colombia contra los responsables identificados para que respondan ante la justicia y con su patrimonio. El caso ha puesto de relieve los peligros de la desinformación en redes sociales y la necesidad de una cooperación judicial binacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de los procesos legales.
