La comunidad educativa del país enfrenta una situación de crisis sin precedentes tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, cuyos efectos han dejado una estela de destrucción en la infraestructura escolar de varias regiones. Con un balance oficial que hasta las 7:00 p.m. de este miércoles 12 de agosto reporta 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, la preocupación se centra ahora en el estado de los colegios públicos y privados, luego de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) emitiera una severa advertencia sobre posibles daños no visibles que podrían comprometer la seguridad de estudiantes y docentes si se retorna a las aulas sin una verificación técnica rigurosa.
Según el informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), un total de 257 estructuras colapsaron en las ciudades más afectadas, siendo Pereira la más golpeada con 75 derrumbes, seguida de Manizales con 57, Cali con 56, Armenia con 69 y Quibdó con 20. Dentro de este panorama, el sector educativo presenta daños particularmente graves: en Quibdó se reportan 13 edificios educativos afectados; en Manizales, cuatro colegios públicos se encuentran en estado crítico y 16 privados han reportado averías; mientras que en Cali y Armenia, instituciones como la sede Eduardo Riascos Grueso del colegio Álvaro Echeverry Perea y el Instituto Técnico Industrial (ITI) junto con la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, respectivamente, han sido identificadas con daños confirmados por Fecode. La federación, en un comunicado oficial, subrayó que «es preocupante que muchas infraestructuras educativas pueden haber quedado en pie, pero seriamente afectadas. Se requiere verificación urgente de las condiciones antes de un retorno a aulas».
Recursos internacionales y llamado a la acción
En respuesta a la emergencia, la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, anunció que la CAF -banco de desarrollo de América Latina- redirigirá 48 millones de dólares, originalmente destinados al Programa de Espacios Educativos, para atender la recuperación de los colegios damnificados. El representante de la CAF en Colombia, Rodrigo, explicó que la entidad ofrecerá asistencia técnica y recursos no reembolsables para agilizar la respuesta en terreno, en línea con los lineamientos del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, persiste la incertidumbre por la falta de un reporte oficial completo sobre el estado de las escuelas rurales y municipios apartados, especialmente en Caldas y Chocó, donde las vías de acceso dificultan las evaluaciones. Fecode, por su parte, creó un fondo de solidaridad para apoyar a los docentes afectados, para lo cual ha solicitado donaciones en especie o efectivo de sindicatos no afectados, y centralizará el censo de maestros damnificados a través del correo electrónico de la Secretaría General, con un plazo de diez días para su envío.
El Ministerio de Educación aún no ha presentado un plan detallado sobre la continuidad de las clases ni las estrategias concretas para garantizar el derecho a la formación de miles de niños y jóvenes que, a causa del sismo, han quedado sin espacios educativos seguros. Mientras tanto, la advertencia de Fecode resuena con fuerza entre la opinión pública: la verificación técnica de cada plantel es una condición ineludible antes de cualquier reinicio de actividades académicas, en un escenario donde el país, aún consternado por la magnitud de la tragedia, busca respuestas para reconstruir no solo sus edificios, sino la normalidad perdida.
