La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) advirtió a los docentes del país que no renuncien a la prima de mitad de año con retroactivo, mientras el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por la Fiduprevisora, mantienen en revisión la legalidad de ese pago a raíz de un conflicto jurídico sobre su naturaleza. La discusión central radica en si esta prima, creada por la Ley 91 de 1989 para los docentes de colegios públicos, constituye una mesada pensional adicional, lo que la haría incompatible con el límite de trece mesadas anuales establecido para los pensionados en Colombia. Frente a la incertidumbre, Fecode recomendó a los más de 270.000 docentes que agremia no aceptar la renuncia a este beneficio y, por el contrario, activar mecanismos legales para evitar la prescripción de los pagos.
La prima de mitad de año fue instituida originalmente como un beneficio equivalente a una mesada pensional adicional, pero el Acto Legislativo 01 de 2005 derogó de manera general ese tipo de prestaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que el beneficio sigue vigente para un grupo específico de docentes: aquellos nombrados entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003, que no recibieron pensión gracia, se pensionaron antes del 31 de julio de 2011 y devengan una mesada igual o inferior a tres salarios mínimos. A pesar de este fallo, el Ministerio de Educación solicitó en marzo de 2026 un concepto jurídico formal para aclarar la naturaleza de la prima y advirtió el riesgo de que se configurara una mesada adicional no prevista en la ley, pidiendo unificar criterios institucionales y analizar la litigiosidad y los antecedentes judiciales.
Inconsistencias millonarias y pagos en veremos
La controversia se agravó cuando el Fomag informó que en febrero de 2026 había pagado 458.799 millones de pesos por concepto de esta prima, pero detectó presuntas inconsistencias por 260.437 millones de pesos, equivalentes al 56,8% de los recursos ejecutados. Ante esa situación, la entidad no ha adoptado una decisión institucional definitiva, lo que mantiene suspendidos los desembolsos y el reconocimiento del retroactivo para los docentes que aún esperan el pago. Fecode, por su parte, insistió en que cada docente debe evaluar su caso particular y, de ser necesario, presentar derechos de petición para interrumpir el término de prescripción de tres años contados desde la radicación y hacia adelante. Si la respuesta del Fomag es negativa, la federación sugirió presentar recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante el jefe de prestaciones sociales de la Fiduprevisora y ante la vicepresidencia de la misma entidad.
«La decisión de iniciar acciones judiciales es de carácter personal y corresponde a cada docente, de acuerdo con su situación particular y el concepto de asesoría jurídica que haya consultado»
Fecode, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
«El Ministerio solicitó concepto jurídico formal sobre la naturaleza de la prima, advirtió el riesgo de que se configurara una mesada adicional no prevista en la ley, pidió unificar criterios institucionales y solicitó análisis de litigiosidad y antecedentes judiciales»
Ministerio de Educación Nacional, marzo de 2026
En medio de este escenario, la federación reiteró que la decisión de emprender acciones legales es personal y que cada docente debe consultar con su asesor jurídico antes de definir una estrategia. Mientras el Ministerio y el Fomag no resuelvan la controversia jurídica de fondo, los docentes beneficiarios potenciales –que cumplen con los requisitos establecidos por el Consejo de Estado– siguen a la espera de una claridad institucional que permita desbloquear los pagos y definir si el retroactivo debe ser reconocido sin afectar el límite de mesadas pensionales. La recomendación de Fecode es clara: no renunciar al derecho y mantener viva la reclamación a través de los mecanismos administrativos disponibles.
