La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) defendió la legalidad de sus proyectos de infraestructura tras el informe de la Contraloría General de la República, que reporta un presunto daño patrimonial superior a los 4.000 millones de pesos en los recursos del contingente arancelario COL-RICE. Este pronunciamiento público se emitió en respuesta a los hallazgos de una auditoría concluida recientemente, enfocada en la planta de almacenamiento, secado y trilla ubicada en Valencia, Cesar, donde Fedearroz presentó documentación respaldatoria para sostener la transparencia de las inversiones realizadas.
La auditoría examina el fondo administrado por Fedearroz con recursos provenientes de las subastas de arroz de Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC), regulados por el Decreto 728 de 2012 a través de la sociedad Colombia Rice Export Quota Inc. en territorio estadounidense. Estos fondos, de carácter privado pero con aval del Ministerio de Agricultura, se destinaron a obras civiles para el manejo, secado, almacenamiento y trilla de arroz. En particular, la planta en Valencia, Cesar, fue construida en 2016 con recursos propios de Fedearroz, mientras que los equipos fueron adquiridos por el Ministerio de Agricultura y entregados en comodato, todo respaldado por fichas técnicas y soportes documentales del mismo ministerio.
Proceso de defensa en marcha
Fedearroz enfatizó que el proceso administrativo se encuentra en curso, con etapas pendientes de contradicción, aclaración y defensa, lo que permite a la entidad ejercer plenamente su derecho a réplica ante las conclusiones preliminares de la Contraloría. Las inversiones cuentan con todos los soportes necesarios, según la federación, que rechazó cualquier irregularidad en la ejecución de estos recursos clave para el sector arrocero nacional.
“no constituyen una decisión definitiva”
Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), sobre las conclusiones preliminares de la Contraloría
Este enfrentamiento entre Fedearroz y la Contraloría subraya las tensiones en la gestión de fondos para la infraestructura agrícola, vital para la competitividad del arroz colombiano. La información se basa en un artículo de la revista Semana y pronunciamientos oficiales de las entidades involucradas, mientras se espera el desarrollo de las próximas fases del proceso administrativo.
