La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), presidida por José Félix Lafaurie, rechazó enfáticamente la actualización masiva de avalúos catastrales rurales impulsada por la Ley 2294 de 2023, que elevaría el Impuesto Predial Unificado (IPU) para 1.639.140 predios, de los cuales el 98,6 por ciento son menores de 100 hectáreas, afectando principalmente a pequeños y medianos productores rurales y a la clase media agropecuaria en 533 municipios del país, reducidos finalmente a 527.
Esta medida, aplicada mediante el artículo 49 de la ley mencionada y la Resolución 2057 de diciembre de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), dirigido por Gustavo Marulanda Morales, realiza una actualización automática y por una sola vez, en medio de un rezago catastral promedio de 15 años atribuible al Estado, según Fedegán, que cuestiona la falta de gradualidad y progresividad basada en la capacidad productiva y rentabilidad de las fincas, como lo establece el artículo 9 de la Ley 101 de 1993, y exige una auditoría técnica a la Resolución 1912 de 2024, además del traslado de responsabilidades a alcaldes y concejos municipales.
Exigencias de concertación y mesas técnicas
En respuesta, se anunció la creación de una Mesa Nacional de Concertación sobre el Catastro Multipropósito, con la participación de los ministerios de Interior, Hacienda y Agricultura, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), la Alta Consejería para las Regiones y la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras que mesas técnicas iniciarán desde el 15 de abril y jornadas de asistencia técnica están programadas para el 24 de abril en departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá; el Igac defiende la legalidad y solidez técnica de los procesos, validando solo las mesas convocadas oficialmente desde el 14 de abril y ofreciendo asesoría a los entes territoriales para la gestión del IPU, al tiempo que Fedegán demanda una revisión de la Resolución 2057 hasta su adecuación a las realidades del campo bajo el gobierno de Gustavo Petro.
«La solución no puede perjudicar al ciudadano, sino considerar, como mínimo, una progresividad en el reajuste de los avalúos igual a los tiempos de incumplimiento por parte del Estado»
Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), comunicado
Este conflicto pone en el centro del debate la equidad en la tributación rural, donde los avalúos deben priorizar la capacidad productiva según la normativa vigente, y busca equilibrar el saneamiento catastral con la protección de los productores ante incrementos impositivos desproporcionados derivados del rezago estatal.
