En medio del debate nacional que ha generado la revisión gubernamental a los sistemas de fotodetección, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) salió en defensa de la permanencia de las fotomultas como herramienta indispensable para la seguridad vial, aunque admitiendo que se han presentado abusos en su implementación. Gilberto Toro, director ejecutivo de la entidad, se mostró de acuerdo con la revisión ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, subrayando que el problema no radica en el mecanismo en sí, sino en el mal uso que se le ha dado. «Estamos de acuerdo con el señor presidente de la República, y de acuerdo con la señora ministra, porque el tema es que se ha abusado, se ha hecho mal uso de los dispositivos electrónicos de detección», afirmó Toro en declaraciones a Caracol Radio.
La defensa del sistema se sustenta en una cruda realidad: las cifras de siniestralidad en Colombia siguen siendo alarmantes. Toro recordó que en el país fallecen entre 6.000 y 7.000 personas al año en accidentes de tránsito, mientras que aproximadamente 30.000 resultan lesionadas. Ante este panorama, argumentó que las cámaras de detección son un recurso necesario ante la insuficiencia de agentes de tránsito para controlar las vías. «Las fotomultas se requieren en un país donde al año mueren más de entre 6.000 a 7.000 personas, y quedan lesionadas aproximadamente 30.000 personas, porque no tenemos suficientes agentes de tránsito», declaró el directivo, poniendo el acento en la necesidad de mantener la herramienta para salvar vidas, pero bajo estrictos parámetros de legalidad y transparencia.
La revisión nacional y el llamado a la sensatez
El Gobierno Nacional, a través de la ministra Elsa Noguera, anunció el pasado 23 de agosto una revisión integral a todos los sistemas de detección electrónica automáticos y semiautomáticos del país. La medida busca verificar el cumplimiento técnico y legal de los dispositivos, tras las crecientes denuncias ciudadanas y de algunos sectores sobre un supuesto negocio de recaudo para las alcaldías. La ministra fue contundente al señalar que «la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos», y advirtió que se actuará con contundencia donde se encuentren abusos o irregularidades.
En el marco de esta revisión, Fedemunicipios también hizo un llamado a corregir las malas prácticas, especialmente en la ubicación de los dispositivos y los límites de velocidad establecidos. Gilberto Toro criticó que en algunos casos los límites son «absurdos» y deben ser modificados, sugiriendo una distancia mínima de 20 kilómetros entre cada dispositivo en carretera para evitar que se conviertan en una «cacería» de conductores. «A veces los que se establecen son absurdos y hay que cambiarlos (…) no debería haber un dispositivo a menos de 20 kilómetros», señaló Toro, en un mensaje que busca conciliar la necesidad de control con la sensatez en la movilidad. El debate sobre el futuro de las fotomultas queda ahora en manos de la revisión gubernamental, que deberá determinar si el mecanismo sigue operando para salvar vidas o si, por el contrario, ha terminado desvirtuando su propósito original.
