El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de la polémica generada por la reciente eliminación de grafitis de contenido político en la ciudad, defendiendo la normativa de arte urbano vigente y señalando la existencia de intereses políticos detrás de las controversias. En un video difundido el domingo 12 de julio de 2026 a través de su cuenta en la red social X, el mandatario local afirmó que “el espacio público es de todos” y recalcó que “no podemos dejar que cualquier persona pueda hacer lo que quiera en el espacio público”, en alusión directa a las intervenciones urbanas realizadas sin los permisos correspondientes.
Gutiérrez insistió en que su administración no actúa por censura ni por alineamientos ideológicos, sino por “sentido común” y en cumplimiento de la ley. En sus declaraciones, cuestionó la intencionalidad de las reacciones adversas: “¿Por qué tratan algunos de enredar el ambiente sabiendo que hay una agenda política detrás muy clara de provocar, de lograr generar malestar?”. Este debate se desató luego de que la administración municipal aplicara sanciones a varias intervenciones de arte urbano que no contaban con la autorización de la denominada Mesa del Grafiti, un mecanismo creado por acuerdo municipal que regula estas expresiones artísticas en la ciudad desde hace años.
Defensa del orden en el espacio público
En respaldo a la postura del alcalde, el diputado David Fernando Ruiz Gómez, abogado especializado en temas ambientales, defendió la aplicación del Código de Policía, cuyo artículo 245, vigente desde 2016, sanciona la elaboración de grafitis en el espacio público sin autorización. Ruiz Gómez fue contundente al afirmar que “el espacio público en Medellín se respeta” y descartó que las acciones emprendidas por la Alcaldía constituyan un acto de censura. “No se trata de censura, se trata de orden y cumplimiento de la ley”, señaló el diputado, quien también puso en tela de juicio el papel de la Defensoría del Pueblo, que había acompañado a las personas que realizaron los grafitis sin permisos. “Realmente el papel de la Defensoría del Pueblo acompañando a estas personas que no tenían los permisos y no les correspondía, no tenía ningún fundamento y no tenía ningún sustento”, manifestó Ruiz Gómez, quien advirtió que conductas similares no solo se han presentado en Medellín, sino también en otros municipios de Antioquia.
“El nombre de la paz lo manipulan a conveniencia algunos sectores políticos”
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
En su intervención, el alcalde Gutiérrez amplió el debate al vincularlo con la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, a la que criticó abiertamente. Sostuvo que “si aquí ha habido una ofensa en los años a las víctimas de Medellín, ha sido el Tarimazo”, en referencia a un hecho de años anteriores, y añadió que “no fue nada diferente al acuerdo del Pacto de la Picota y fortalecer las estructuras criminales”. Con estas declaraciones, Gutiérrez situó la controversia local en un escenario de discusión nacional, reafirmando que su postura no responde a cálculos políticos, sino a la defensa del orden común. Por su parte, el diputado Ruiz Gómez cerró la discusión reivindicando la legalidad y la institucionalidad local: “En Medellín y Antioquia defendemos lo que es de todos”.
