Un estudio conjunto de Fedesarrollo y Loom Strategy Centre revela que Colombia podría recaudar entre 10 y 19 billones de pesos en ingresos fiscales por minerales críticos hacia el año 2050, siempre que logre frenar al crimen organizado y consolide un entorno favorable para la inversión formal. La investigación, titulada «Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia», fue presentada recientemente por Jairo García, investigador principal de Fedesarrollo, quien advierte que las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán ese potencial recaudo. Esta cifra, calculada en valor presente neto, resulta comparable a entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o a cerca de siete años del presupuesto de inversión de Defensa y Policía.
El análisis se sustenta en el potencial geológico del país y la creciente demanda global de minerales estratégicos como cobre, níquel, niobio y tantalio, esenciales para baterías, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores e infraestructura eléctrica. Colombia se ubica dentro del 25% de naciones con mayor potencial minero del mundo, y la demanda mundial de cobre podría aumentar cerca de un 30% hacia 2040. Sin embargo, el estudio advierte que el crimen organizado amenaza con desviar esa riqueza hacia economías ilegales. Como antecedente, la extracción ilícita de oro en 2025 ya alcanza entre 32 y 34 billones de pesos, equivalentes al 1,9% del PIB, y si esa actividad fuera formal, estaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos del país, pero no genera recaudo tributario y fortalece a grupos armados.
Una ventana de oportunidad en riesgo
La investigación destaca que economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan diversificar proveedores de minerales críticos para reducir su dependencia de China, lo que abre una ventana de oportunidad para Colombia. Sin embargo, grupos armados y criminales ya incursionan en zonas con alto potencial de estos minerales, especialmente en Guainía, Vichada y los corredores fronterizos con Venezuela. Jairo García subrayó que «se requieren procesos más ágiles y transparentes y un escenario de colaboración y confianza entre el sector público, privado y las comunidades». El estudio considera que los próximos cinco años son decisivos para definir el resultado, y que en el escenario adverso, sin freno al crimen organizado, parte de la riqueza podría fortalecer a las organizaciones criminales.
«No hay margen para esperar porque en juego están cerca de 19 billones de pesos y el papel estratégico del país en la transición energética global»
Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo
El estudio también se apoya en datos de opinión pública: según la encuesta Brújula Minera, el 69% de los colombianos considera que la minería tiene un impacto positivo, 8 de cada 10 cree posible una minería socialmente responsable y el 62% respalda aumentar la exploración y producción de minerales. Para aprovechar esta oportunidad, los investigadores recomiendan fortalecer la formalización minera, la coordinación institucional y el relacionamiento con las comunidades. En palabras de García, «las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán el potencial recaudo de 2050 asociado a los minerales estratégicos».
