Fenalco demanda decreto de Transporte que sube aportes al Fopat ante Consejo de Estado

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La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) interpuso una demanda de nulidad simple y solicitud de suspensión provisional ante el Consejo de Estado contra los artículos 17 y 18 del Decreto 1017 de 2025, expedido por el Ministerio de Transporte el 21 de septiembre pasado. La acción judicial, liderada por Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco, cuestiona las modificaciones al aporte obligatorio al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat), impulsadas por la ministra María Fernanda Rojas, que reducen el umbral técnico de vehículos de carga de 10.500 kilogramos a 3.500 kilogramos y elevan la tarifa del 15% al 25% del valor comercial del vehículo antes de IVA.

Estas cambios generan profunda preocupación en el sector transporte, las pymes y la industria automotriz, al ampliar el universo de obligados e imponer cargas económicas desproporcionadas sin justificación técnica ni respaldo constitucional. El decreto afecta directamente a un parque automotor de 442.000 camiones, volquetas y tractocamiones, propiedad de 275.000 personas, en su mayoría microempresarios, que movilizan 135 millones de toneladas de carga al año. Fenalco proyecta una caída de hasta el 25% en las ventas de vehículos nuevos de carga, impactando a transportadores, la industria automotriz y el comercio formal.

Argumentos constitucionales y falta de motivación

Fenalco sostiene que el decreto vulnera el principio de legalidad tributaria y representa una extralimitación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al tratar el aporte al Fopat como un tributo obligatorio sin contraprestación directa, cuya creación o modificación corresponde exclusivamente al Congreso. No se explica en el decreto ni en sus antecedentes por qué se bajó el umbral de 10.500 a 3.500 kilos ni por qué se incrementó la tarifa del 15% al 25%, decisiones que, según la demanda, alteran toda la ecuación existente y generan un impacto económico devastador.

«El decreto tomó dos decisiones que cambiaron toda la ecuación existente».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

«No solo es un impacto económico devastador, sino una vulneración constitucional evidente».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

La solicitud de suspensión provisional busca evitar cargas irreversibles mientras se resuelve la nulidad, protegiendo a los colombianos que dependen del transporte y el comercio automotor para sus negocios y familias. Estas reglas, argumenta Fenalco, carecen de sustento y afectan gravemente la competitividad del sector.

«Estas reglas, las del decreto, afectan a los transportadores, a la industria automotriz y al comercio formal, imponiendo cargas que no tienen justificación técnica ni respaldo constitucional».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

«Este aporte al Fopat es en la práctica un tributo. En primer lugar, porque es obligatorio y en segundo lugar, porque se paga sin recibir una contraprestación directa. Y la Constitución es clara: solo el Congreso puede crear o modificar tributos».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

El Ejecutivo modificó por sí solo la tarifa, la base gravable y el universo de obligados, sin motivación adecuada, lo que Fenalco califica como un abuso de poder.

«El Ejecutivo, en este caso, cambió la tarifa por sí y ante sí, la base gravable y el universo de obligados. Pero, además, ni en el decreto ni en sus antecedentes, se explica por qué el umbral bajó de 10.500 kilos a 3.500 y por qué el aporte subió del 15% al 25%».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

«Esta demanda que presentamos busca restaurar el equilibrio y proteger a los colombianos que dependen del transporte y del comercio automotor para sostener sus negocios y sus familias».

Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de Fenalco

La noticia se basa en información de Fenalco a través de @SectorMovilidad en X, con créditos a Fenalco y el Ministerio de Transporte. El Consejo de Estado será clave para determinar si prospera la acción y se suspenden provisionalmente las normas controvertidas.

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