La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, emitido por el Gobierno nacional, que establece el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 por ciento. La acción legal, liderada por Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, busca cuestionar la validez de esta medida que, según Fenalco, ignora variables técnicas obligatorias por ley como la inflación, la productividad, el PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
El gremio argumenta que el decreto sustituye estos indicadores legales por el concepto de “salario vital” basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los cuales no tienen carácter vinculante en Colombia. Además, se desconoce la competencia exclusiva del DANE para certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor, IPC, y no se ofrece una explicación verificable para el salto abrupto del 6,21 por ciento, ajuste calculado por Fenalco según los parámetros legales, al 23,7 por ciento decretado.
Inconsistencias legales y riesgos económicos advertidos
Fenalco destaca que estas omisiones representan inconsistencias legales profundas, al aplicar criterios no contemplados en la normativa vigente y pasar por alto los elementos técnicos esenciales para la fijación del salario mínimo. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, enfatizó las falencias del decreto, al tiempo que advirtió sobre posibles riesgos económicos y sociales derivados de esta decisión unilateral del Gobierno.
“El decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
La noticia se encuentra en desarrollo, mientras el Consejo de Estado evalúa la demanda y la solicitud de suspensión provisional, en un contexto de tensiones entre el sector comercial y las políticas laborales del Ejecutivo. Fenalco insiste en que solo un ajuste del 6,21 por ciento respondería a los criterios establecidos por la ley, evitando impactos negativos en la economía nacional.
