La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, interpuso una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, solicitando además su suspensión provisional. La acción legal, liderada por su presidente Jaime Alberto Cabal, argumenta que el decreto excede las funciones reglamentarias del Ejecutivo al modificar de manera sustancial las reglas de la negociación colectiva sin la aprobación del Congreso de la República.
Según Fenalco, el decreto no se limita a reglamentar la ley existente, sino que la reemplaza por completo al introducir cambios que fueron excluidos deliberadamente durante el trámite legislativo de la reforma laboral. Este normativa establece un nuevo régimen jurídico autónomo para la negociación colectiva multinivel, con conceptos como unidad de pliego, mesa única y convención colectiva, lo que redefine estructuralmente el sistema de relaciones laborales en el país y desconoce la competencia exclusiva del Congreso en materia de derechos fundamentales.
Preocupaciones por la inseguridad jurídica y competitividad empresarial
Entre los principales cuestionamientos, Fenalco destaca las obligaciones impuestas a los empleadores para suministrar información económica y estratégica sensible, sin respaldo legal explícito, lo que genera inseguridad jurídica y amenaza la competitividad del tejido empresarial colombiano. Además, el decreto limita la representatividad sindical, perjudicando particularmente a los sindicatos pequeños, y carga económicamente a los trabajadores no sindicalizados mediante convenciones sectoriales obligatorias, afectando la libertad de empresa y derechos fundamentales.
“El decreto obliga a las empresas a revelar información sensible sin que exista una ley que lo autorice. Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la competitividad del tejido empresarial”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
“Se están restringiendo derechos fundamentales por decreto. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Las reglas sobre derechos deben ser definidas por el Congreso, no por el Ejecutivo”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Jaime Alberto Cabal enfatizó que esta configuración no solo desborda la potestad reglamentaria del Gobierno, sino que ignora el proceso legislativo previo donde estos contenidos fueron rechazados. Fenalco busca la anulación total del decreto para preservar el equilibrio entre las partes en las relaciones laborales y garantizar que cualquier modificación profunda pase por el escrutinio democrático del Congreso, evitando así un precedente peligroso para el Estado de Derecho en Colombia.
“En síntesis, el decreto desborda la potestad reglamentaria (…) y desconoce la competencia del Congreso de la República”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
