En la tarde del 28 de diciembre de 2025, un proyecto de decreto sobre el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia se filtró en redes sociales, generando inmediata repercusión nacional. El documento, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, propone un incremento del 23 por ciento, elevando el salario de los 1.423.500 pesos actuales, fijados para 2025 con un ajuste del 9,54 por ciento, hasta los 1.750.905 pesos a partir del 1 de enero de 2026. Esta filtración, compartida inicialmente por el periodista Norbey Quevedo, involucra a figuras clave como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han estado al frente de las negociaciones salariales.
El proyecto establece esta medida como un paso gradual hacia la convergencia con el concepto de salario mínimo vital, estimado como el nivel necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo citada por el presidente Petro. Benedetti había adelantado en diciembre una remuneración cercana a los 1.800.000 pesos, mientras que Sanguino anunció que el decreto oficial se publicaría el 29 o 30 de diciembre. El aumento propuesto suma 327.405 pesos, superando ampliamente la inflación de noviembre de 2025, que se situó en el 5,30 por ciento, y considera el ingreso mensual total de un trabajador con salario mínimo en 2025, que alcanza los 1.910.319 pesos incluyendo subsidio de transporte, prima, cesantías e intereses.
Fundamentos técnicos y gradualidad del ajuste
El texto filtrado justifica el 23 por ciento como una decisión técnicamente fundamentada en la comparación entre el salario vital estimado y el mínimo legal vigente, alineada con la sostenibilidad fiscal. Se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable, con ajustes adicionales en años posteriores para cerrar la brecha salarial de manera progresiva, priorizando la compatibilidad económica. Sin embargo, el Banco de la República ha advertido sobre los riesgos de incrementos desmesurados, que podrían impactar la inflación, el empleo y la informalidad.
«La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial.»
Proyecto de decreto
«Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Críticas no han tardado en surgir, como la del profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien destaca que el salario mínimo difiere del mínimo vital al considerar el contexto del hogar y prestaciones adicionales. Esta filtración acelera el debate sobre el equilibrio entre protección social y dinamismo económico en Colombia, en un contexto donde el Gobierno busca avanzar en su agenda laboral.
