La firma legal Chapman Wilches, a través del abogado Charles Chapman López y en representación del congresista Andrés Forero, anunció la presentación de una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra el Decreto 0234 de 2026 emitido por el Gobierno colombiano. Esta acción judicial busca declarar inconstitucional la norma que rediseña el marco de la negociación colectiva, permitiendo que se realice por decreto ejecutivo a niveles superiores al de empresa, como grupos empresariales, industrias o regiones geográficas.
La demanda argumenta que el decreto viola el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, así como los Convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no establecer un umbral mínimo de representatividad sindical y al imponer cuotas sindicales obligatorias incluso para trabajadores no afiliados. En Colombia existen entre 6.000 y 12.700 organizaciones sindicales registradas, que agrupan apenas al 4% de la fuerza laboral, y el decreto permitiría activar negociaciones sectoriales con solo 25 trabajadores afiliados, extendiendo sus efectos a sectores enteros con hasta 100.000 empleados, lo que generaría un «carrusel de negociaciones» sin límites y más de cinco cuotas sindicales por trabajador en escenarios superpuestos.
Riesgos para la economía y las pequeñas empresas
El decreto, promulgado por vía ejecutiva en lugar de legislativa, habilita negociaciones colectivas por encima del nivel empresarial sin las salvaguardas recomendadas por la OIT, que reserva este tipo de procesos exclusivamente a acuerdo entre las partes involucradas. Esto no solo carece de umbral de representatividad, sino que permite la extensión de laudos arbitrales a toda una industria, incluyendo micro y pequeñas empresas que podrían verse abrumadas por obligaciones desproporcionadas, afectando el empleo formal y la inversión privada.
«En consecuencia, cualquier nivel cabe».
Presentación de la firma Chapman Wilches
«Al trabajador le tocaría pagar más de cinco cuotas sindicales».
Análisis de Chapman Wilches
La acción judicial destaca los riesgos para la economía popular, al punto de advertir en el documento que «este gobierno que decía defender la economía popular terminará siendo su exterminador». Chapman Wilches subraya que estas disposiciones vulneran principios constitucionales y laborales internacionales, solicitando la suspensión provisional para evitar daños irreparables mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo del asunto.
