Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc advirtieron que un eventual desmonte del pacto por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella constituiría una ruptura constitucional y un ataque directo a los derechos de las víctimas. La advertencia fue elevada mediante una carta dirigida al presidente electo y su gabinete, durante un Encuentro Nacional realizado en Bogotá, donde excombatientes y excomandantes del secretariado de las Farc-EP reafirmaron su permanencia en Colombia. La reacción surge luego de que De la Espriella anunciara, en una alocución del 13 de julio, el desmonte de lo que denominó “falsa paz”, incluyendo el cierre de la Consejería Comisionado de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, cuyas funciones serían trasladadas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
En el comunicado público, los firmantes señalaron que “la transición democrática entre gobiernos expresa la fortaleza de nuestras instituciones, pero también pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para honrar la palabra empeñada”. A casi una década de la implementación del acuerdo, que se firmó en 2016, los excombatientes subrayaron que el desmonte “no puede hacerlo porque la paz ya no es un programa de gobierno ni una concesión transitoria de un mandato a otro”. Además, calificaron las declaraciones del presidente electo como “amenazas directas al Estado de Derecho”, y no simples opiniones de campaña. Los firmantes reconocieron que persisten “graves problemas de seguridad” y que las afectaciones a excombatientes y líderes sociales siguen siendo “una tragedia nacional”.
Advertencia sobre el sistema de justicia transicional
Los firmantes del acuerdo advirtieron que el desmonte afectaría la cosa juzgada, la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la estabilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Como respuesta, plantearon tres prioridades: un Pacto Nacional por la Continuidad del Acuerdo, su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el cese de la estigmatización. En declaraciones a medios, un excomandante del secretariado de las Farc-EP afirmó: “Nosotros, hasta nuestro último respiro, estaremos en Colombia acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo el país que sigue soñando con la paz”.
“Estas declaraciones no son opiniones de campaña; son amenazas directas al Estado de Derecho”
Firmantes del Acuerdo de Paz, comunicado público
Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien se posesiona el 7 de agosto de 2026, había anunciado que “el Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”. Los firmantes, en su carta, rechazaron tajantemente esa postura y advirtieron que la paz construida en los últimos años no puede ser desmantelada por un cambio de gobierno, pues se trata de un compromiso de Estado que trasciende administraciones.
El Encuentro Nacional en Bogotá congregó a excombatientes de las Farc que hicieron parte del proceso de paz, quienes reiteraron su compromiso de seguir en el país a pesar de las amenazas y los desafíos de seguridad. La carta enviada al presidente electo y su gabinete busca generar un espacio de diálogo antes de la posesión, pero también deja claro que cualquier intento de desmonte del acuerdo será enfrentado con movilización social y jurídica. El escenario político se tensa a medida que se acerca la fecha de transmisión de mando, con la implementación del acuerdo de paz como uno de los ejes centrales de la controversia entre el gobierno saliente y el entrante.
