Firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, agrupados en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), enviaron una carta abierta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que le solicitan garantías concretas para el proceso de reincorporación y critican el balance de la política de Paz Total implementada durante el gobierno saliente de Gustavo Petro. La misiva, divulgada por el CNR, advierte que la implementación del acuerdo perdió prioridad en medio de los nuevos procesos de diálogo con otras organizaciones armadas.
En la carta, los excombatientes de las FARC recuerdan que el Acuerdo de 2016 es un compromiso de Estado que ya fue refrendado por dos gobiernos de distinto signo político, por lo que instan al nuevo mandatario a honrar la palabra empeñada. “Usted no negoció este acuerdo, pero como Presidente de la República le corresponde garantizar que el Estado colombiano cumpla la palabra que comprometió. Ese será también un mensaje de confianza para millones de colombianos: que en nuestro país los compromisos de Estado se honran, independientemente de quién gobierne”, señala el texto. Los firmantes denuncian que, mientras el Estado concentraba sus esfuerzos en nuevos procesos con organizaciones que aún permanecían en armas, miles de excombatientes vieron cómo el acuerdo perdía impulso, lo que se tradujo en mayor estigmatización, deterioro de las condiciones de seguridad y desplazamiento forzado.
Las cifras de la deuda pendiente
La carta está respaldada por datos que reflejan la crítica situación de los firmantes de paz. Desde la firma del acuerdo en 2016, 489 excombatientes han sido asesinados, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia en los territorios. De los 13.000 colombianos que se acogieron al proceso de reincorporación, el 85% continúa en la legalidad, pero enfrenta graves dificultades económicas y sociales. La tasa de desempleo entre los firmantes alcanza el 25,45%, muy por encima del promedio nacional. Además, de más de 11.000 personas, solo 2.459 cuentan con aportes activos al sistema de seguridad social. En cuanto a vivienda, apenas el 27% de los excombatientes en zonas rurales son propietarios, porcentaje que cae al 11% en áreas urbanas. El 94% de los firmantes considera que la débil presencia institucional es la principal causa de la inseguridad que enfrentan.
“La paz se mide en vidas protegidas, en víctimas reparadas, en tierra adjudicada, en vivienda digna, en empleo formal y en la confianza que los colombianos depositan en sus instituciones.”
Firmantes del Acuerdo de Paz, carta abierta al presidente electo
Los firmantes hicieron un llamado explícito al nuevo gobierno para que utilice el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 como un instrumento para cerrar las brechas entre lo pactado en La Habana y lo realmente ejecutado. Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo institucional a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) y del propio CNR. La solicitud central es preservar la seguridad jurídica y la confianza en la palabra del Estado, dos pilares que consideran fundamentales para que el proceso de reincorporación no se detenga. “Mientras el Estado concentraba buena parte de sus esfuerzos en nuevos procesos con organizaciones que aún permanecían en armas, miles de firmantes vimos cómo el acuerdo perdía impulso. Ello significó una mayor estigmatización, el deterioro de las condiciones de seguridad y el desplazamiento forzado de firmantes de paz”, concluye la misiva.
