Un grupo de firmantes del Acuerdo Final de Paz, encabezado por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez, radicó un derecho de petición ante el presidente Abelardo de la Espriella. A través de este escrito formal, los exintegrantes de las Farc exigen información técnica y jurídica detallada sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el estado de la implementación de lo pactado, ante los anuncios realizados por el mandatario antes de asumir el cargo.
La solicitud, presentada en la Casa de Nariño, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, la Sentencia C-630 de 2017 y las normas que garantizan el acceso a la información pública. Los peticionarios consideran que declaraciones del presidente, emitidas previamente a su posesión del 7 de agosto de 2026, sobre la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la reorganización de la Presidencia y el traslado de funciones de la Unidad de Implementación, generan una amenaza directa a la seguridad jurídica y física de los firmantes.
Exigen documentos y cronogramas sobre la implementación
En el derecho de petición, los firmantes reclaman que la Presidencia informe si existen estudios técnicos, jurídicos, administrativos o presupuestales que respalden los cambios anunciados. En caso de que no existan, exigen una certificación oficial de su inexistencia y que se detalle si se están elaborando, quién los prepara y cuándo estarán listos. Asimismo, solicitan copia íntegra de todos los actos administrativos, proyectos normativos, memorandos, conceptos, informes, comunicaciones, hojas de ruta, cronogramas y documentos de política pública relacionados, incluso aquellos en fase preliminar.
Los peticionarios también demandan precisiones sobre qué entidad y funcionario asumirá la coordinación de la implementación del acuerdo, cuál será su nivel jerárquico y los recursos asignados. En materia de seguridad, reclaman detalles sobre la protección de los firmantes, incluyendo la activación o continuidad de instancias como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, amparándose en la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional.
La petición surge en un contexto de incertidumbre sobre el cumplimiento del Plan Marco de Implementación (PMI) y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). Los firmantes del acuerdo, que en su momento depusieron las armas para iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil, consideran que los anuncios presidenciales, especialmente aquellos que vinculan a Rodrigo Londoño con la JEP, ponen en riesgo lo pactado y exigen garantías para la continuidad del proceso de paz.
