La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, suspendió la imputación contra el fiscal Álvaro León Polo, acusado de presunto abuso de autoridad por presionar a testigos para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión, tomada en la sede central de la Fiscalía en Bogotá, se materializó mediante una resolución administrativa que retiró el proceso de manos de la fiscal actuante y lo reasignó al fiscal coordinador Óscar José Celedón Ruiz, debido a la duplicidad de expedientes y las numerosas investigaciones disciplinarias en curso contra la fiscal responsable inicial. El caso abarca investigaciones desde 2017 hasta 2024, con una indagatoria formalizada el 21 de julio de 2021 y tres citas a audiencia frustradas para la imputación de Polo.
El epicentro de las acusaciones contra Polo radica en su supuesta presión sobre testigos privados de libertad, como Jacinto Alberto Soto, conocido como “Lucas”, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Soto fue trasladado a este centro tras negarse a declarar, y se le atribuye haber sido presionado en múltiples ocasiones para obtener testimonios en contra de Uribe y empresarios vinculados al paramilitarismo. Entre los hechos señalados destaca una conversación en 2017 entre Polo y el paramilitar alias Monoleche, donde supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de declaraciones incriminatorias.
Controversia por duplicidad y tensiones internas
La suspensión interrumpe el procedimiento penal en un momento sensible, exponiendo tensiones en la gestión de casos de alto perfil dentro de la Fiscalía. La fiscal actuante rechazó las motivaciones de la decisión, denunciándolas como falsas y presentando una certificación que acredita su ausencia de sanciones disciplinarias previas. Mientras tanto, la defensa de Jacinto Alberto Soto ha denunciado abiertamente las presiones recibidas por su representado.
“En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa”
Defensa de Jacinto Alberto Soto
Esta medida genera controversia institucional, con cuestionamientos a la transparencia e imparcialidad en la handling de procesos sensibles. Adicionalmente, la defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitó su reconocimiento como víctima en el proceso, avivando el debate sobre las dinámicas internas de la Fiscalía y el manejo de testimonios clave en investigaciones políticas de larga data.
