En una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, presidida por la magistrada Alejandra Ardila, la fiscal Sandra Portilla imputó cargos al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, debido a irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes. Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2025 y se centran en la intervención caprichosa de Leyva al declarar desierta la licitación, a pesar de la oferta válida presentada por la empresa Thomas Greg & Sons, mediante la emisión de tres actos administrativos y la inadmisión de un recurso de reposición.
La imputación sostiene que Leyva Durán actuó con abuso de poder para disfrazar la falta de planeación en el proceso, sabiendo que este se había adelantado correctamente. El contrato en cuestión tenía un valor de 559.000 millones de pesos, y Thomas Greg & Sons había interpuesto una demanda por 117.000 millones de pesos, la cual retiró en enero de 2025. Previamente, la Procuraduría había destituido e inhabilitado a Leyva por 10 años en noviembre de 2024, por poner en riesgo el servicio de pasaportes.
Antecedentes de la controvertida licitación
El escándalo se remonta a mayo de 2023, cuando siete empresas renunciaron alegando favoritismo hacia Thomas Greg & Sons, lo que llevó a declarar desierta la licitación en septiembre de ese año. Posteriormente, se optó por una contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, con prórrogas del contrato con Thomas Greg & Sons hasta agosto de 2025 y una tercera en junio de ese año. Planes alternativos con la Casa de Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia no se concretaron. Leyva argumentó que su decisión buscaba garantizar pluralidad de ofertas ante sospechas de una licitación «cuadrada».
«Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma»
Sandra Portilla, fiscal
En medio de este panorama, la canciller Laura Sarabia anunció la transición de la gobernanza de datos biométricos a la Cancillería a partir del 1 de septiembre de 2025, en un intento por estabilizar el servicio de pasaportes tras las turbulencias generadas por las decisiones del exministro Leyva Durán.
